El Secretario de Estado Marco Rubio está programado para comparecer este martes como testigo central en el juicio federal de Miami de su amigo de toda la vida, David Rivera, un ex congresista republicano que décadas atrás compartió una casa con Rubio en Tallahassee cuando ambos eran miembros de la Legislatura estatal.
Rivera, de 60 años, y la consultora política Esther Nuhfer, de 51 años, están acusados de actuar como agentes extranjeros no registrados para el gobierno de Venezuela entre 2017 y 2018, cuando las relaciones entre Estados Unidos y el país sudamericano se deterioraron bajo la primera administración de Trump.
La selección de un jurado imparcial ha sido todo menos rutinaria debido al papel de Rubio como testigo. El lunes, un posible jurado dijo que conocía a Rubio de la escuela secundaria en Miami y no podía ser «justo» porque no confía en una palabra que salga de la boca del ex senador republicano. Fue desestimado por causa.
El martes, otra posible jurada dijo que no puede creer nada de lo que Rubio diga, acusándolo de «crímenes de guerra» y «violaciones del derecho internacional», añadiendo que le costaría verlo «como un hombre de integridad». También fue excusada por causa.
Además, el equipo de defensa de Rivera intentó eliminar a todo el grupo de posibles jurados después de descubrir que había muy pocos republicanos registrados entre los más de 100 candidatos, pero la jueza federal Melissa Damian rechazó la solicitud. La selección del jurado continúa el miércoles.
Funcionarios del Servicio de Alguaciles de EE.UU. y del Servicio de Seguridad Diplomática examinaron la sala del tribunal en el piso 10 del Edificio Federal de Justicia James Lawrence King. Ambos servicios se están coordinando para garantizar la seguridad de Rubio cuando testifique sobre sus interacciones pasadas con Rivera y Nuhfer.
Se acusa a ambos acusados de no registrarse como agentes extranjeros en marzo de 2017 cuando la empresa consultora de Rivera firmó un contrato de $50 millones con la subsidiaria de Houston de la empresa petrolera nacional de Venezuela, PDVSA, que opera como CITGO. El contrato era ostensiblemente para promover la expansión de CITGO en Estados Unidos.
Rivera y Nuhfer sostienen que trabajaban directamente para la subsidiaria estadounidense, PDV USA, no para PDVSA, y por lo tanto no tenían que registrarse como agentes extranjeros. La firma de Rivera recibió $20 millones antes de que el contrato terminara en 2017.
Según una acusación, en junio de 2017, Rivera, Nuhfer y otros se unieron para hacer lobby ante Rubio, entonces senador republicano por Miami, y la asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway. No pudieron reunirse con Conway, pero sí organizaron dos reuniones con Rubio.
Para mediados de julio, Gorrin informó que Maduro se había negado a celebrar elecciones libres a cambio de la reconciliación con Estados Unidos.
La acusación afirma que Rivera colaboró con Gorrin para organizar una reunión entre el congresista republicano de Texas Pete Sessions y Maduro en Caracas el 2 de abril de 2018. Sessions acordó llevar una carta de Maduro a Trump, pero los esfuerzos no tuvieron éxito.
El testimonio de Rubio ha sido una fuente de fuerte controversia. Inicialmente, el fiscal Harold Schimkat no iba a llamar a Rubio, pero cambió de opinión después de que la defensa citara a Rubio en el Departamento de Estado.
La defensa quiere mostrar que Rivera y Nuhfer no actuaban como agentes no registrados, sino que intentaban desarrollar una estrategia de salida para Maduro. También quisieron llamar al presidente venezolano Nicolás Maduro como testigo, pero este se negó, invocando su derecho a guardar silencio.
Igualmente, la defensa intentó citar a la Jefa de Gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles, pero los jueces anularon la citación, argumentando que su testimonio no era directamente relevante y disruptivo.
Un testigo clave para el gobierno es el desarrollador inmobiliario de Miami Hugo Perera, quien presentó a Rivera a Gorrin. Gorrin proporcionó acceso a Maduro y a la alta funcionaria Delcy Rodriguez, quien, según los fiscales, ordenó contratar a la firma de Rivera.
Documentos judiciales revelan que Rivera desvió más de la mitad de sus ingresos de PDV USA —$13 millones— a tres subcontratistas: Gorrin, Nuhfer y Perera.
Gorrin, no acusado en el caso de Rivera, fue imputado por un gran jurado federal de Miami en 2018 por corrupción extranjera y lavado de dinero, y nuevamente en 2024. Los fiscales lo describen como un «fugitivo» y no aparece en la lista de testigos para el juicio de Rivera y Nuhfer.
El juicio, con declaraciones de apertura programadas para el lunes, promete revelar más detalles sobre las relaciones entre políticos estadounidenses y el gobierno venezolano durante una época de tensiones diplomáticas.
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