Defensa de Maduro y Flores Pide Desestimar Caso Penal por Bloqueo de Fondos
Los abogados del exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han presentado una moción ante un tribunal federal de EE.UU. solicitando el desestimamiento del caso penal en su contra, argumentando que las sanciones estadounidenses violan sus derechos constitucionales al impedir el acceso a fondos para su defensa legal.

Argumento Central: Violación de la Quinta y Sexta Enmienda
En un escrito presentado en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, la defensa alega que las sanciones aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro están evitando que la pareja utilice fondos del gobierno venezolano para pagar su representación legal.
Estas restricciones, sostienen, niegan efectivamente a Maduro y Flores su derecho de la Sexta Enmienda a un abogado de su elección y su derecho de la Quinta Enmienda al debido proceso, ya que ninguno tiene los recursos personales para financiar su defensa.
“La única solución es el desestimamiento”, escribieron sus abogados, argumentando que obligar a los acusados a depender de un defensor público designado por el tribunal no puede remediar lo que describen como una violación constitucional.
El Caso Penal: Acusaciones de Narcotráfico y Narco-terrorismo
Este momento es crucial en un caso que los fiscales estadounidenses han enmarcado como uno de los esfuerzos más amplios para responsabilizar a un ex jefe de estado por su presunta participación en el tráfico global de drogas.
En el centro de la acusación está una extensa acusación federal que pinta un cuadro crudo de los altos escalones del poder venezolano, alegando que durante más de dos décadas el liderazgo del país convirtió la maquinaria del estado en un vehículo para el tráfico de narcóticos.
- Acusación Principal: Conspiración durante décadas involucrando tráfico de drogas y narco-terrorismo.
- Método: Envíos de cocaína desde Colombia a través de Venezuela y hacia EE.UU. vía Centroamérica y el Caribe.
- Red Implicada: El llamado Cartel de los Soles, una red presuntamente compuesta por altos funcionarios que usaron sus posiciones para facilitar el movimiento de cocaína.
Grupos Criminales Vinculados
Las autoridades estadounidenses describen al Cartel de los Soles como un centro dentro de una red de tráfico transnacional más amplia que vincula a algunos de los grupos criminales más poderosos del hemisferio:
- Las guerrillas colombianas FARC y ELN.
- Los cárteles mexicanos Sinaloa y Los Zetas.
- La banda criminal venezolana Tren de Aragua.

El Rol de Maduro y Flores en la Acusación
Los fiscales retratan a Maduro no como una figura periférica sino como un arquitecto central. Antes de ser presidente, alegan que usó su posición como ministro de Relaciones Exteriores para proporcionar cobertura diplomática a operaciones de tráfico, incluida la presunta venta de pasaportes diplomáticos a traficantes.
Como presidente, se afirma que permitió que “la corrupción alimentada por la cocaína floreciera” para beneficio de su régimen y círculo íntimo.
Cilia Flores, una figura política de larga data y ex presidenta de la Asamblea Nacional, también está acusada en conexión con la presunta conspiración.
La Cuestión de las Licencias del Tesoro y los Fondos «No Contaminados»
La defensa está trasladando la batalla legal hacia una cuestión constitucional con implicaciones potencialmente de gran alcance. El punto en disputa es la decisión del Tesoro a principios de este año de revocar las licencias que permitían a los acusados recibir pagos del gobierno venezolano para cubrir gastos legales.
Sus abogados argumentan que, bajo la ley venezolana, el estado está obligado a pagar esos costos, creando un derecho de propiedad que las autoridades estadounidenses ahora están bloqueando ilegalmente. También enfatizan que los fondos en cuestión son «no contaminados» —no derivados de presunta actividad criminal— situándolos dentro de las protecciones reconocidas por la Corte Suprema de EE.UU.
Citando fallos anteriores, la defensa argumenta que el gobierno no puede interferir con el acceso a recursos legítimos necesarios para contratar asesoría legal. Señalan que el gobierno no discute que Maduro y Flores carecen de fondos personales, ni que el Tesoro ha permitido pagos similares de terceros en otros casos.
“La mera invocación de la seguridad nacional… no es un talismán que anule los derechos constitucionales de un acusado”, establece el escrito.
La defensa también plantea preguntas sobre el manejo del proceso de licencias por parte del gobierno, señalando inconsistencias y lo que describen como una posible arbitrariedad.