El régimen socialista de Venezuela aprobó una extensa ley de amnistía la noche del jueves, una medida que podría liberar a cientos de prisioneros políticos y reconfigurar la frágil transición del país tras la captura del líder Nicolás Maduro. Sin embargo, los críticos advierten que la ley excluye a figuras opositoras clave.
Los diputados de la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobaron por unanimidad la legislación, artículo por artículo, en una sesión nocturna. «Queda promulgada la ley de amnistía para la convivencia democrática», anunció el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, al cierre de la sesión, enmarcando la medida como un paso hacia la reconciliación nacional tras años de conflicto político.
La ley fue promulgada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, hermana del líder de la Asamblea, quien asumió el poder después de la captura de Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero. Ella instó a las autoridades a implementarla rápidamente.
A pesar de ser presentada como histórica por el gobierno, grupos de derechos humanos señalan que su alcance es limitado. La organización Foro Penal estima que cerca de 400 detenidos no se beneficiarán, ya que la ley cubre solo un período de 13 años de los 27 años de chavismo.
«Es un término medio. Ayudará a un grupo importante de personas que nunca debieron enfrentar cargos criminales, pero deja fuera sectores clave», afirmó el analista político venezolano Alejandro Hernández.
Una de las exclusiones más controvertidas es la del llamado «artículo María Corina Machado«, que prohíbe la amnistía a individuos que supuestamente pidieron sanciones o intervención extranjera, lo que podría afectar a la líder opositora y laureada con el Premio Nobel de la Paz.
Expertos como Carlos Lusverti, director del centro de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, criticaron la opacidad del proceso de debate y la falta de consulta con las víctimas y familias. Además, expresaron preocupación porque los mismos tribunales que ordenaron los encarcelamientos ahora administrarán la amnistía.
«Hay una falta de independencia del mismo poder judicial al que se asigna este proceso», señaló Lusverti.
Voces opositoras y en el exilio han sido contundentes en sus críticas. José Antonio Colina, presidente de la organización exiliada Veppex, con sede en Miami, afirmó que la ley deja desprotegidos a los militares, uno de los grupos más grandes de detenidos políticos.
Por su parte, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, afirmó que las sanciones individuales de EE.UU. contra funcionarios del régimen deben mantenerse vigentes a pesar de la aprobación de la ley.
Hasta la fecha, según Foro Penal, 448 miembros de la oposición han recibido libertad condicional desde que comenzó un proceso de liberación el 8 de enero, mientras que 644 personas permanecen tras las rejas.
Para las familias que esperan fuera de las cárceles, como frente a El Helicoide, el debate es menos sobre política y más sobre reuniones largamente postergadas. Mientras los tribunales comienzan a revisar los casos en los próximos días, Venezuela enfrenta una prueba delicada: determinar si una ley presentada como un paso hacia la paz puede superar un profundo legado de desconfianza o, por el contrario, reforzar las fracturas que pretende sanar.
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