En audiencias celebradas esta semana, la jueza federal Ana C. Reyes del Tribunal de Distrito de Washington expresó serias dudas sobre la legalidad de la decisión de la administración Trump de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de haitianos y ciudadanos de otros once países.
La jueza Reyes manifestó su escepticismo sobre si la terminación del TPS para una docena de naciones, incluyendo a Haití, Venezuela, Honduras y Nicaragua, fue el resultado de un análisis individualizado y objetivo. «Simplemente no puedo creer que hubo una decisión individualizada, no preordernada, que miró objetivamente a cada país», afirmó durante la audiencia.
Reyes preside la demanda colectiva Miot et al. v. Trump, donde los demandantes, representados por abogados como el experto en inmigración de Miami Ira Kurzban, argumentan que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, violó la ley administrativa y la Constitución al poner fin a la designación de TPS para Haití a partir del 3 de febrero de 2026.
La jueza destacó las flagrantes contradicciones en el registro federal del gobierno. Por un lado, se afirma que es seguro para los haitianos retornar, y por el otro, se reconoce que «hay pandillas descontroladas en Haití» y que el país carece de un gobierno funcional.
La situación sobre el terreno es desoladora: pandillas armadas controlan grandes extensiones de la capital, 5.7 millones de personas padecen hambre y más de 1.4 millones han sido desplazadas por la violencia. Incluso el secretario de Estado, Marco Rubio, ha designado a las principales pandillas haitianas como terroristas globales.
Frente a los argumentos gubernamentales de que los migrantes son una carga, Reyes citó estimaciones de que los titulares haitianos de TPS contribuyen aproximadamente $10,000 millones a la economía de Florida. «¿Creen que está en el interés nacional de Florida deshacerse de estas personas?», preguntó retóricamente a los abogados del Departamento de Justicia.
Estos, encabezados por Dhruman Sampat, defendieron la amplia discreción de la secretaria Noem para tomar dichas determinaciones basadas en el «interés nacional», alegando que sus decisiones no son revisables por los tribunales. Incluso llegaron a afirmar que la situación en Haití «parece estar tendiendo en la dirección correcta», citando un borrador constitucional y procesos de registro electoral, afirmaciones que son ampliamente disputadas.
Reyes también señaló una discrepancia en las cifras: mientras el aviso federal habla de 352,959 personas bajo el TPS de Haití, una búsqueda de registro público muestra que 568,545 haitianos serían vulnerables a la deportación. De ese total, solo un 0.4% ha sido encontrado con algún tipo de fraude para obtener el estatus.
El TPS para haitianos se otorgó por primera vez tras el devastador terremoto del 12 de enero de 2010. Desde entonces, el país ha enfrentado desastres recurrentes e inestabilidad política prolongada, incluyendo el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. El Consejo Presidencial de Transición, instalado en abril de 2024, verá terminar su mandato el 7 de febrero de 2026 sin que se hayan convocado elecciones, lo que augura más turbulencias.
La jueza Ana C. Reyes, quien antes de ocupar el banquillo litigó casos de inmigración, anunció que planea emitir su decisión para el 2 de febrero de 2026, un día antes de que expire la designación de TPS para Haití. Su fallo podría determinar el futuro de cientos de miles de familias y tener un profundo impacto en la política migratoria estadounidense.
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