La administración del presidente Donald Trump está publicando información contrastante sobre las condiciones en Venezuela, lo que genera interrogantes sobre cómo las diferentes agencias gubernamentales toman decisiones de política hacia ese país y sus nacionales en Estados Unidos, así como para los viajeros estadounidenses.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela en febrero de 2025, afirmó que, aunque algunas condiciones para las protecciones contra la deportación persisten, ha habido «mejoras notables» en sectores como la economía, la salud pública y la criminalidad. Esto hizo posible que los venezolanos «puedan ser devueltos de manera segura».
Sin embargo, en una reciente alerta de seguridad el 10 de enero, el Departamento de Estado instó a cualquier estadounidense a abandonar Venezuela inmediatamente. La alerta enfatizó informes de que grupos pro-régimen estaban deteniendo personas por evidencias de ciudadanía o apoyo a EE.UU., y destacó el riesgo de detención injusta, tortura, secuestro, crimen, infraestructura de salud deficiente y disturbios civiles.
Esta advertencia de seguridad llega días después de que Estados Unidos bombardeó instalaciones militares en Caracas y capturó al líder venezolano Nicolás Maduro. También se produce cuando la incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela ha renovado los llamados en EE.UU. a restaurar el TPS para los más de medio millón de venezolanos que residen en el país y perdieron las protecciones.
Tanto el Departamento de Seguridad Nacional como el Departamento de Estado afirmaron que las descripciones sobre las condiciones en Venezuela «no son inconsistentes entre sí». Portavoces de ambas agencias, en declaraciones separadas, señalaron:
«La mensajería de viaje del Departamento de Estado es para ciudadanos estadounidenses y está escrita con su seguridad en mente. Notar que puede ser seguro para los venezolanos, no significa que sea seguro para los estadounidenses»
Adelys Ferro, directora del Caucus Venezolano-Americano, criticó la postura: «No puedes advertir a los estadounidenses que no viajen a Venezuela por riesgo extremo, persecución y peligro, mientras simultáneamente les dices a los venezolanos en Estados Unidos que pueden regresar de manera segura porque el país ahora es seguro para ellos. Esa contradicción es una falla del sentido común, la responsabilidad humanitaria y el debido proceso».
Grupos independientes como Human Rights Watch reportan que el gobierno venezolano intimida a defensores de derechos humanos, arresta y detiene a manifestantes, y hostiga a periodistas. Además, hay pandillas armadas en estados fronterizos que controlan la vida diaria.
En los últimos días de la administración Biden, el DHS extendió el TPS para Venezuela otro año y medio, citando la «emergencia humanitaria severa». Pero semanas después, la administración Trump revirtió el curso, notando las «mejoras notables» y que la designación no estaba en los intereses nacionales de EE.UU..
Human Rights First, que rastrea las deportaciones de ICE, indicó en un informe del 9 de enero que la administración Trump no ha enviado vuelos de deportación a Venezuela desde el 10 de diciembre. Las deportaciones se suspendieron unilateralmente ante las tensiones crecientes.
En una carta reciente, los congresistas estadounidenses Debbie Wasserman Schultz y Darren Soto de Florida, junto con Gregory Meeks de Nueva York, pidieron a la administración Trump que restablezca el TPS para Venezuela tras la captura de Maduro, que dejó a su ex vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta interina. Argumentaron que la decisión de terminar el TPS se basó en una determinación «infundada» de que las condiciones habían mejorado.
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