Grupos anticorrupción y defensores de los derechos humanos en Haití están presionando al Primer Ministro Alix Didier Fils-Aimé para que revoque un controvertido decreto que, según ellos, hace prácticamente imposible procesar a ex altos funcionarios gubernamentales, incluidos miembros del recién disuelto Consejo Presidencial de Transición.
La medida, emitida en diciembre, establece procedimientos para la Alta Corte de Justicia, un órgano constitucional, y extiende su jurisdicción a exfuncionarios. Estipula un proceso tan complicado que efectivamente escuda a los acusados de corrupción y abuso de poder de ser juzgados en tribunales penales ordinarios.
Uno de sus aspectos más llamativos es que, para que alguien sea acusado, se requiere el acuerdo de dos tercios de los miembros de la Cámara Baja del Parlamento. Las organizaciones señalan que este umbral es «prácticamente imposible» de alcanzar en un país donde los partidos políticos ejercen poco control sobre sus miembros y los legisladores son notorios por vender sus votos.
«Es un decreto creado para proteger a las personas que roban el dinero del estado. Es extremadamente grave», afirmó Rosy Auguste Ducena, abogada y directora de programa de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).
Este no es el único decreto cuestionado. Poco después, el gobierno transitorio adoptó otro que autoriza penas de prisión para periodistas condenados por difamación criminal. Ambos decretos fueron respaldados por el consejo presidencial en funciones mientras maniobraba para retener el poder, antes de que su mandato de 21 meses terminara el 7 de febrero.
Los grupos de la sociedad civil argumentan que el decreto de la Alta Corte viola la constitución de 1987 y los tratados internacionales anticorrupción que Haití ha firmado. Advierten que, si permanece, «la corrupción y la impunidad, ya erigidas como un sistema, seguirán erosionando la administración pública haitiana».
Pascale Solages, cofundadora de la organización feminista NÈGÈS MAWON, destacó que el período del consejo transitorio también estuvo marcado por miles de casos documentados de violaciones contra mujeres y niñas, sin que el gobierno ofreciera recursos.
El decreto sobre «crímenes de prensa» ha sido denunciado por organizaciones como la Fundación Eyes Wide Open, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Este permite penas de hasta tres años de prisión por difamación, lo que, según los críticos, criminaliza la crítica a los funcionarios públicos y restringe indebidamente la libertad de expresión.
«Esta ley amenaza con inhibir el debate público y la rendición de cuentas en un contexto particularmente sensible para el país», advirtió la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
La abogada Ducena es contundente al afirmar que el propósito de ambos decretos es el mismo: «Callar a todos». Mientras el Primer Ministro Fils-Aimé busca consolidar su gobierno como único líder de Haití, la presión para que cumpla su promesa de combatir la corrupción y defender las libertades fundamentales es más urgente que nunca.
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