Al final del día viernes 7 de noviembre de 2025, aproximadamente 268,000 venezolanos perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS) que les fue otorgado en marzo de 2021 bajo la administración Biden, dejándolos vulnerables a la deportación hacia un país sumido en una crisis humanitaria extrema.
La terminación del TPS significa que grandes segmentos de la comunidad venezolana quedarán sin estatus migratorio legal ni autorización de trabajo. Esto ocurre en un momento en que Estados Unidos evalúa posibles acciones militares contra Venezuela, aumentando los riesgos para quienes regresen.
Florida es el estado más afectado, con alrededor de 230,000 venezolanos con TPS residiendo allí hasta marzo de 2025. Muchos tienen casos de asilo pendientes o solicitudes de visas y residencia, pero estos procesos no confieren estatus legal inmediato.
El Departamento de Seguridad Nacional argumentó mejoras en áreas económicas, como la reducción de la hiperinflación y el aumento de la producción petrolera, para justificar el fin del TPS. Sin embargo, expertos y activistas destacan que Venezuela aún no es segura.
«Ser venezolano no puede volver a ser sinónimo de ser refugiado. La mayor protección es recuperar la libertad de su país», declararon la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González.
Una advertencia de viaje del Departamento de Estado estadounidense recomienda no visitar Venezuela debido a riesgos de detención arbitraria, secuestros, tortura y escasez de servicios básicos.
Elizabeth Amaran, abogada de inmigración con sede en el sur de Florida, explicó que muchos beneficiarios tienen opciones como solicitudes de asilo pendientes, que permiten permanecer en EE.UU. durante el proceso pero no otorgan estatus legal. El TPS detenía el plazo de un año para solicitar asilo, por lo que quienes aplicaron bajo las designaciones de 2021 y 2023 pueden presentar sus casos.
Políticos de Florida han expresado su preocupación. La Rep. Maria Elvira Salazar declaró: «Ningún venezolano que cumpla la ley debería ser deportado hasta que su país sea libre». Por su parte, el Rep. Carlos Giménez abogó por un «enfoque caso por caso» para los exiliados venezolanos.
La Rep. Debbie Wasserman Schultz calificó la terminación del TPS como «la traición definitiva» y prometió seguir luchando contra las deportaciones.
Una activista venezolana que pidió anonimato por temor a la deportación relató: «No me veo fuera de este país… por lo que hemos hecho por la democracia en Venezuela«. Con una orden de deportación y un pasaporte anulado, enfrenta el riesgo de regresar a un entorno de represión bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Informes de Human Rights Watch y Foro Penal documentan cientos de detenciones arbitrarias y desapariciones en Venezuela, aumentando los temores de quienes se oponen al régimen.
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