Cinco venezolanos que afirman haber sido torturados por protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2013 han llevado su búsqueda de justicia a una corte federal en Miami. Su demanda civil apunta al ex teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Rafael Quero Silva, a quien acusan de ordenar brutales golpizas.
Los eventos ocurrieron en abril de 2013, después de que Nicolás Maduro fuera declarado ganador de las elecciones presidenciales por un estrecho margen del 1.5%. Protestantes pacíficos que exigían un recuento de votos fueron detenidos por la Guardia Nacional y llevados al cuartel «Destacamento 47» en Barquisimeto.
La demanda alega que Rafael Quero Silva, entonces comandante, ordenó a sus subordinados «desnudar a protestantes hombres y mujeres y luego patearlos y golpearlos con botas y cascos». Los demandantes describen sesiones de tortura que incluyeron descargas eléctricas y la negación de agua, comida y contacto familiar.
Los cinco demandantes, que ahora viven en Florida, otras partes de Estados Unidos y España, presentaron su caso bajo la Ley de Protección a Víctimas de Tortura a finales de diciembre de 2024. Descubrieron que Quero Silva residía en el área de Miami después de que el FBI iniciara una investigación en 2018 y de que el exmilitar apareciera como extra en una telenovela de Telemundo.
«He usado su autoridad para orquestar una violenta represión contra la disidencia política», afirma la demanda presentada en la corte federal de Miami.
Uno de los demandantes, Andres Colmenarez Farias, relató a detalle su experiencia. El 16 de abril de 2013, después de ser arrestado, fue forzado a arrodillarse con la cabeza entre las piernas mientras los guardias golpeaban su espalda y cuello. «Él era el comandante dando órdenes… Vi cómo desnudaban a los protestantes», declaró Colmenarez, quien ahora dirige un grupo de defensa de derechos humanos en España.
Rafael Quero Silva, de 55 años, llegó a South Florida con su familia en 2016 con una visa de turista y se estableció en Miramar. Sin embargo, Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaron el 27 de febrero de 2025 por sobrepasar su visa.
En noviembre de 2025, un juez de inmigración ordenó su deportación, al encontrarlo culpable de «participar en violaciones de derechos humanos en Venezuela». Quero Silva ha apelado la decisión y actualmente permanece detenido en el centro de detención Krome en West Miami-Dade.
Quero Silva se defiende a sí mismo en la demanda civil. En un movimiento para desestimar el caso, alega no haber sido notificado personalmente, que las acusaciones están «pasadas» y que es «indigente». Su ex abogado de inmigración, Eduardo Pereira</strong, declaró que el exmilitar «nunca persiguió a nadie y nunca autorizó abusos».
Los abogados de las víctimas, que trabajan pro bono, temen que Quero Silva sea deportado a Venezuela antes de que sus clientes puedan enfrentarlo en la corte. «Este juicio es un esfuerzo por buscar un semblante de equilibrio… asegurando que la memoria de sus acciones no se evapore», expresaron los abogados.
Mientras tanto, expertos en inmigración señalan que el proceso de apelación podría mantener a Quero Silva en Estados Unidos por un tiempo, pero su eventual deportación pondría fin a las esperanzas de las víctimas de obtener una compensación económica, haciendo de esta demanda un acto más simbólico que financiero.
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