El ex congresista republicano por Florida David Rivera y su asociada política Esther Nuhfer se enfrentan a un juicio programado para el 9 de febrero de 2026 en Miami, acusados de conspirar para cometer delitos contra Estados Unidos y de actuar como agentes extranjeros no registrados para el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Abogados defensores han pedido este 16 de enero de 2026 a un juez federal posponer el juicio al menos 90 días, argumentando la dificultad de formar un jurado imparcial en una comunidad con una gran diáspora venezolana que desprecia a Maduro, quien fue capturado por el ejército estadounidense a principios de enero acusado de narcotráfico.
Además, la defensa necesita tiempo para citar a testigos clave que los fiscales han decidido no llamar. Estos son: el Secretario de Estado Marco Rubio, el congresista republicano por Texas Pete Sessions, la ex asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway y la actual jefa de gabinete presidencial Susie Wiles.
«Todo en lo que Marco y yo trabajamos juntos en 2017 estaba destinado a remover a Maduro del poder», dijo David Rivera en un comunicado, afirmando que el testimonio de Rubio los exoneraría.
Los cargos se remontan a un contrato de consultoría de $50 millones que Rivera firmó en marzo de 2017 con PDV USA, la subsidiaria estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA. La acusación sostiene que Rivera y Nuhfer conspiraron para «enriquecerse ilegalmente realizando actividades políticas en Estados Unidos en nombre del Gobierno de Venezuela» para influir en la política exterior.
Según la fiscalía, los acusados buscaban «normalizar» las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro, ocultando sus esfuerzos al no registrarse como agentes extranjeros.
Rivera obtuvo el contrato mediante una cadena de contactos que incluyó al empresario venezolano Raul Gorrin, cercano a Maduro. La defensa argumenta que, lejos de buscar normalizar relaciones, Rivera y Rubio colaboraban para imponer sanciones y apoyar a la oposición venezolana con el objetivo de sacar a Maduro del poder.
La defensa también quiere el testimonio de Susie Wiles, quien como lobista representó a Gorrin, para demostrar que sus actividades eran comerciales y no políticas a favor de Maduro.
El caso se desarrolla en un momento de alta tensión tras la captura de Maduro. Los fiscales han accedido a un aplazamiento de al menos 45 días, pero buscan limitar el testimonio de los testigos de alto perfil. Mientras, Rivera enfrenta también una demanda civil de PDV USA por recuperar $20 millones pagados por un trabajo que, alegan, apenas realizó.
El juicio promete destapar las complejas interconexiones entre política, lobby y relaciones internacionales en el corazón de la política de Florida hacia Venezuela.
Estas buscando algo?
Nuestros Programas:
Al Ritmo de Miami Healthy
Aprende qué comer y cómo vivir mejor para elevar tu bienestar.
Despertando con Claudio María Domínguez
Reflexiones de espiritualidad, bienestar y conciencia Claudio María Domínguez
Misterios Ocultos
OVNIs, enigmas históricos y lo inexplicable contado por expertos.
Inmigrar a Miami
Tu puente a los Estados Unidos Te ayudamos a alcanzar tus sueños americanos con soluciones personalizada.
