Éxito Aparente con un Costo Oculto
Cuando el presidente Nayib Bukele anunció un extenso «estado de excepción» en El Salvador en marzo de 2022, prometió poner fin a la pesadilla de las pandillas callejeras como MS-13 y Barrio 18. Su estrategia de seguridad, respaldada por retórica firme y campañas en redes sociales, le granjeó titulares globales y una alta aprobación doméstica. Tres años después, el país presume una de las tasas de homicidio más bajas del hemisferio.
Sin embargo, beneath the surface of order and victory lies a much darker and increasingly undeniable reality: El Salvador’s new era of security has been built on mass incarceration, systemic corruption, and egregious human rights violations.

Detenciones Masivas y Violaciones de Derechos
Desde que se enactó el estado de excepción —y se extendió más de 39 veces—, casi 90,000 personas han sido detenidas, aproximadamente 1 de cada 50 adultos. Los detenidos pueden ser retenidos indefinidamente sin cargos, often based on vague suspicion, anonymous tips, or looks alone. Según el informe de Cristosal, organización salvadoreña de derechos humanos, se han verificado al menos 427 muertes bajo custodia estatal desde que comenzó la represión.
«People are being arrested and sent to years of incarceration because police consider them to seem nervous, using nervousness as an indicator of guilt», dijo Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.
Corrupción Sistémica en el Sistema Penitenciario
El entorno de detenciones masivas ha creado un lucrativo negocio paralelo para funcionarios corruptos que se aprovechan de los familiares de los encarcelados. El reporte de Cristosal documenta cómo los oficiales gubernamentales operan con lógica criminal, cobrando sobornos a cambio de información, visitas o mejoras en las condiciones de detención. En un caso, una madre pagó $4,000 dos veces solo para ver a su esposo en la prisión de Mariona.

Abusos y Tortura en las Prisiones
Las condiciones dentro de las prisiones, including the infamous CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), son deplorables. Los prisioneros son regularmente negados alimentos, medicinas y ropa. Los golpizas por parte de los guardias son rutinarias, y el confinamiento solitario se extiende por meses o años. Cristosal ha documentado muertes debido a enfermedades no tratadas o tortura.
Represión a Defensores de Derechos Humanos
Ni siquiera los defensores de derechos humanos están a salvo. En mayo de 2025, Ruth López, una abogada prominente de Cristosal, fue arrestada en una redada nocturna. Fue retenida por 15 días sin cargos y ahora enfrenta un juicio secreto. Cristosal ha cerrado su oficina en San Salvador y reubicado operaciones a Guatemala debido a las amenazas.
A pesar de la crítica creciente, Bukele mantiene una popularidad extraordinaria, with approval rates nearing 75% in some polls. Pero el costo humano es inaceptablemente alto, con decenas de miles de inocentes presos y un sistema judicial repurposed as a machine of repression and profit.