El jueves 11 de diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones diseñadas para aumentar la presión sobre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Las medidas apuntan a tres sobrinos de la primera dama Cilia Flores, a un empresario extranjero y a una red de compañías navieras que, según Washington, ayudan a mover petróleo venezolano sancionado a través de rutas marítimas encubiertas.
El peso de las sanciones recae sobre la familia extendida de Maduro. Los primos Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas —conocidos como los «narco-sobrinos»— fueron rediseñados. Arrestados en Haití en 2015 por un plan para contrabandear cocaína a EE.UU., fueron condenados en Nueva York en 2016 y liberados en 2022 en un intercambio de prisioneros. El Tesoro afirma que, desde su regreso a Venezuela, reanudaron actividades de narcotráfico.
El tercer sobrino sancionado es Carlos Erik Malpica Flores, ex tesorero nacional y ejecutivo de la petrolera estatal PDVSA. Había sido sancionado en 2017, removido en 2022 para incentivar diálogos políticos, y ahora es redesignado ante la negativa de Maduro de permitir elecciones libres.
Las sanciones también alcanzan al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, acusado de asegurar contratos lucrativos con el gobierno de Maduro y ser socio de miembros de la familia.
La parte más extensa de las medidas apunta a compañías navieras con sede en las Islas Marshall, Islas Vírgenes Británicas, Reino Unido e Islas Cook. El Tesoro señala que estas empresas utilizaron seis buques tanque —White Crane, Kiara M, H. Constance, Lattafa, Tamia y Monique— para mover crudo venezolano durante 2025, empleando tácticas engañosas como apagar sistemas de rastreo y falsificar datos de ubicación.
Estas sanciones marcan un cambio radical respecto a la decisión de 2022 de la administración Biden de relajar algunas restricciones para incentivar elecciones libres en Venezuela. Funcionarios del Tesoro admiten ahora que ese esfuerzo «claramente fracasó».
«El Tesoro está responsabilizando al régimen y a su círculo de compinches y compañías por sus continuos crímenes», declaró el Secretario del Tesoro Scott Bessent. «Nicolás Maduro y sus asociados criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo americano».
La acción del Tesoro se produce un día después de que fuerzas estadounidenses capturaran un buque tanque frente a las costas de Venezuela, en una escalada de la campaña de presión militar y policial contra el régimen de Maduro.
Washington ha desplegado lo que analistas describen como la mayor presencia militar estadounidense en el Caribe en décadas, como parte de una operación contra carteles de droga latinoamericanos. Donald Trump ha defendido los ataques, declarando que EE.UU. está en un «conflicto armado» con carteles cerca de aguas venezolanas y advirtiendo que los días de Maduro «están contados».
Bajo las sanciones, todos los bienes de las personas, empresas y buques designados bajo jurisdicción estadounidense deben ser congelados y reportados. Se prohíbe a personas y empresas estadounidenses hacer negocios con ellos, y entidades extranjeras que faciliten transacciones podrían enfrentar sanciones secundarias.
El Tesoro reiteró que las violaciones conllevan responsabilidad civil y penal, y que el cumplimiento puede darse bajo bases de «responsabilidad estricta», sin necesidad de probar intención. Se instó a bancos, comerciantes, aseguradores y navieras a revisar su exposición.
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