Aviones de la Marina de EE.UU. realizaron vuelos de patrulla el viernes cerca de las islas caribeñas de Aruba, Bonaire y Curaçao, en el marco de una operación de seguridad ampliada que Washington describe dirigida contra redes de tráfico ilícito. Venezuela denunció la acción como un acto de intimidación y un preludio de un conflicto más amplio en la región.
Datos de rastreo aéreo mostraron aeronaves militares estadounidenses, incluyendo cazas de combate y plataformas de vigilancia electrónica, operando cerca del límite marítimo de Venezuela. Esta misión, denominada «Operación Southern Lance», fue ordenada por el presidente Donald Trump.
El objetivo declarado es neutralizar amenazas a la seguridad y redes de narcotráfico en el Hemisferio Occidental mediante una proyección ampliada de fuerza militar. Funcionarios estadounidenses señalan que el eje central del despliegue es una campaña contra el llamado Cartel de los Soles, una red de tráfico de drogas que, según Washington, está liderada por el líder venezolano Nicolás Maduro y altos miembros de su círculo interno.
Sistemas de radar identificaron al menos dos cazas F/A-18E Super Hornet volando al norte de Curaçao en espacio aéreo internacional, incluida una aeronave con el número de cola 166904.
Caracas reaccionó con dureza, acusando a Estados Unidos de buscar imponer una guerra a América Latina y el Caribe. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, declaró durante una ceremonia televisada que el despliegue estadounidense es parte de una estrategia más amplia para intimidar a Venezuela y desestabilizar la región.
«Esto es un intento de imponer una guerra a América Latina y el Caribe», afirmó Padrino López en la televisora estatal VTV, insistiendo en que la rendición es una «imposibilidad histórica» para Venezuela.
El ministro también condenó lo que describió como intimidación de EE.UU., tras reportes de que cazas F/A-18 sobrevolaron el Golfo de Venezuela esta semana. Además, denunció el aprehensión de un buque tanque con crudo venezolano como una «flagrante violación» del derecho internacional, la libertad de navegación y el libre comercio.
El buque, identificado como el Skipper, fue interceptado esta semana frente a la costa de Venezuela en una operación conjunta que involucró al Departamento de Defensa de EE.UU. y a la Guardia Costera. El tanquero, sancionado por Washington en 2022, fue incautado bajo una orden judicial estadounidense por presuntos vínculos con operaciones de contrabando de petróleo iraní.
En el momento de la incautación, el tanque transportaba aproximadamente 1.9 millones de barriles de crudo propiedad de la empresa estatal venezolana PDVSA. Caracas no reveló el destino del petróleo y calificó la acción como un «robo descarado».
El viernes, el presidente Donald Trump se refirió a los planes de su administración respecto al petróleo venezolano, pero declinó dar detalles, prefiriendo mantenerlos confidenciales.
Trump anunció que las fuerzas estadounidenses pronto comenzarán acciones terrestres contra redes de narcotráfico, luego de lo que caracterizó como grandes ganancias en el mar. «Detuvimos el 96% de las drogas que entraban por agua», dijo, atribuyendo el éxito a las interdicciones navales en el Caribe.
Afirmó que la estrategia marítima ha salvado 25,000 vidas estadounidenses, pero advirtió que la siguiente fase involucrará operaciones terrestres. «Ahora estamos comenzando en tierra, y en tierra es mucho más fácil», señaló, sin ofrecer detalles.
Preguntado si la fase terrestre se centraría en Venezuela, Trump respondió que la campaña no está dirigida a un solo país, sino contra redes criminales e individuos involucrados en el tráfico de drogas. «No son solo ataques terrestres en Venezuela. Son ataques terrestres contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestra gente», afirmó.
Estados Unidos no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro. Desde agosto, Washington ha incrementado constantemente su presencia naval y aérea en el Caribe, citando la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de narcóticos. Maduro ha descrito repetidamente esta acumulación como un esfuerzo para sacarlo del poder.
En semanas recientes, el Pentágono ha desplegado activos aéreos y navales adicionales en la región, incluido el portaaviones USS Gerald R. Ford y varios destructores con misiles guiados. Esta expansión coincide con una serie de ataques estadounidenses a barcos en el Caribe y el Pacífico oriental que, según funcionarios, transportaban narcóticos para grupos criminales transnacionales.
La presión militar se suma a años de acción legal contra Maduro. En 2020, el Departamento de Justicia lo acusó de narcoterrorismo, y más de una docena de altos funcionarios venezolanos también fueron imputados. El Departamento de Estado luego ofreció una recompensa de $50 millones por Maduro, la mayor recompensa jamás puesta sobre un jefe de estado en funciones.
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