La transición política que siguió a la dramática captura de Nicolás Maduro a principios de año siempre se esperaba que fracturara al movimiento gobernante de Venezuela. Pero pocos anticiparon lo rápido que las críticas desde dentro del chavismo se convertirían en una de las mayores amenazas que enfrenta la presidenta interina Delcy Rodríguez.
Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, asumió el poder tras la detención del líder durante la operación estadounidense en Caracas el 3 de enero. Desde entonces, ha intentado estabilizar una economía colapsada, reabrir Venezuela a los mercados internacionales y normalizar relaciones con Washington. Estos esfuerzos le han valido repetidos elogios del presidente Donald Trump, quien la ha calificado como una “persona estupenda” que hace un “gran trabajo”.
Sin embargo, dentro del movimiento socialista gobernante, esas mismas iniciativas han desatado crecientes acusaciones de traición.
Los ataques más fuertes provienen de figuras que alguna vez fueron consideradas pilares ideológicos de la revolución bolivariana, exponiendo fracturas cada vez más amplias entre funcionarios pragmáticos que buscan la supervivencia económica y lealistas radicales que ven el acercamiento a Estados Unidos como un abandono del legado antimperialista de Hugo Chávez.
Uno de los críticos más visibles es Mario Silva, el veterano conductor del programa estatal La Hojilla. Silva, un firme aliado de Maduro que fue expulsado en marzo de la red estatal Venezolana de Televisión, se ha convertido en la cara pública del descontento dentro del llamado “chavismo duro”.
El martes por la noche, Silva intensificó sus críticas durante su programa, advirtiendo contra lo que describió como decisiones tomadas por un “petit comité” dispuesto a entregar los recursos de Venezuela a la misma potencia extranjera que llevó a cabo la operación militar que capturó a Maduro.
“Que entrega nuestros recursos, que pertenecen al pueblo, a quienes nos bombardearon criminalmente el 3 de enero”, declaró Silva durante la transmisión. “El imperialismo es el enemigo”.
Además, hizo un llamado directo al partido gobernante PSUV y al ministro del Interior Diosdado Cabello para que “devuelvan el poder al pueblo”.
Las críticas reflejan una frustración creciente entre los chavistas radicales, que ven al gobierno de Rodríguez moviéndose demasiado rápido hacia un acomodo con Washington y los inversionistas extranjeros. Silva también ha arremetido contra la apertura del sector petrolero a empresas estadounidenses y la dolarización de facto, acusando a funcionarios de ser “cipayos”.
El Partido Comunista de Venezuela, que ya se había distanciado de Maduro antes de su caída, se ha convertido en otra fuente importante de críticas. Su secretario general, Óscar Figuera, acusó al gobierno interino de aceptar una “tutela sin resistencia” y de operar bajo “subordinación y dependencia colonial” a la administración Trump.
La militante Jackeline López condenó las visitas de altos funcionarios estadounidenses a Caracas y advirtió que Washington ve a Venezuela como un simple “patio trasero” para la extracción de recursos.
A pesar de los avances diplomáticos, Rodríguez sigue siendo profundamente impopular. Según una encuesta de Meganálisis, sus números de aprobación se mantienen en terreno negativo. La misma encuesta muestra que si se enfrentara a la líder opositora María Corina Machado en una elección, Machado obtendría el 76% de los votos frente a solo el 4% de Rodríguez.
El creciente descontento subraya el delicado equilibrio que Rodríguez debe mantener. Mientras busca proyección de estabilidad y pragmatismo en el exterior, debe evitar una ruptura dentro de la coalición política que gobernó Venezuela durante más de dos décadas.
Analistas señalan que, aunque las fuerzas de seguridad y el alto mando militar se han mantenido disciplinados tras el pacto de transición, la frustración entre los lealistas ideológicos sigue latente. Rodríguez ha intentado navegar esas contradicciones con retórica calibrada, pero para muchos radicales el simbolismo ya no es suficiente.
La reapertura de los campos petroleros, la presencia de funcionarios estadounidenses y la liberalización económica representan, para ellos, el colapso del proyecto ideológico que construyó Chávez. A medida que Venezuela avanza en su transición pos-Maduro, la presidenta interina podría descubrir que su mayor desafío político ya no proviene de la oposición, sino de la propia base desilusionada de la revolución.
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