Testimonios de Destrucción y Desesperación en Puerto Príncipe
“No tengo adónde ir. No tengo adónde ir.” Estas fueron las palabras angustiadas de Rose Marie Michel, de 73 años, mientras recorría las calles devastadas de Delmas 30 en Puerto Príncipe, Haití. Su comunidad, una vez bulliciosa, ahora yace en ruinas debido a la ocupación de bandas criminales.
Retirada de Bandas y Devastación Generalizada
El 27 de agosto, Jimmy ‘Barbecue’ Chérizier, líder de la coalición de bandas Viv Ansanm, anunció la retirada de sus hombres de áreas como Delmas 30, Solino, Christ Roi y Nazon, permitiendo que los residentes regresaran. Sin embargo, lo que encontraron fue un panorama apocalíptico: hogares reducidos a escombros, iglesias y escuelas destruidas, y vehículos calcinados.

Testimonios de Residentes Desplazados
Michel, quien vivía en Delmas 30 desde 1974, fue forzada a huir en febrero junto con cientos de vecinos. Al regresar, descubrió que su casa de cuatro habitaciones y las de sus seis hijos habían sido incendiadas. “Todo ha sido quemado. No tenemos nada”, lloró.
Otro residente, Sergio, compartió su desesperación: “Quiero regresar, pero ¿dónde voy a dormir? ¿Bajo el sol? ¿Al aire libre?”. Su hogar fue saqueado y quemado, dejando solo recordatorios huecos de lo que una vez fue.
Advertencias de las Autoridades y Contexto Crítico
La policía haitiana ha advertido a los desplazados que no regresen a estos barrios, ya que las bandas aún controlan la zona y la inseguridad persiste. Jacques Amboise, portavoz del Consejo Presidencial de Transición, comparó la destrucción en Solino con “Gaza — un lugar donde bombardean prácticamente todos los días”.
Según la ONU, 1.3 millones de haitianos están desplazados, lo que representa más del 11% de la población. Muchos viven en campamentos insalubres sin acceso a agua potable o refugio adecuado.

Implicaciones Políticas y Motivaciones Ocultas
Algunos residentes, como Paul Liry, sospechan que la retirada de las bandas es una estrategia para usar a los retornados como escudos humanos ante posibles operativos policiales. Chérizier, quien tiene una recompensa de $5 millones ofrecida por Estados Unidos, podría estar buscando controlar votantes y actividades comerciales para beneficio de las bandas.
La policía haitiana y el gobierno de transición insisten en que la seguridad no está garantizada, y urge a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con las víctimas.