Una acusación federal recientemente desclasificada en Nueva York presenta cargos graves contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y otros altos funcionarios. Se les acusa de participar en una campaña de tráfico de cocaína durante 25 años, recibiendo millones en sobornos y brindando protección logística para el transporte de drogas hacia Estados Unidos.
A pesar de las serias acusaciones, cuatro expertos legales con décadas de experiencia revisaron la acusación y señalaron que el caso de narcoterrorismo del gobierno estadounidense será difícil de probar. Señalan la aparente falta de evidencia directa que implique a Maduro como cabeza de la conspiración.
“Decir que Maduro controlaba todo esto es ridículo; él era solo un funcionario”, dijo Richard Gregorie, exfiscal federal que procesó un caso similar contra el hombre fuerte panameño Manuel Noriega en 1988.
Michael Sherwin, exfiscal federal, coincidió: “Esta es una acusación enrevesada que raya en lo inverosímil”. Advirtió sobre el riesgo de usar información clasificada que podría comprometer fuentes de inteligencia.
La acusación, presentada en la corte federal de Manhattan, incluye cuatro cargos contra Maduro: conspiración narco-terrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer dichas armas. Su esposa enfrenta los tres últimos cargos.
Se alega que Maduro desempeñó un papel clave en el Cartel de los Soles, un sindicato compuesto por oficiales militares y altos funcionarios que controlaba el contrabando en Venezuela con carteles colombianos y mexicanos.
Entre las acusaciones específicas, se afirma que Maduro, cuando era ministro de Relaciones Exteriores (2006-2008), vendía pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y ayudaba a ocultar sus actividades. También se le acusa, junto a su esposa, de ordenar secuestros, palizas y asesinatos relacionados con deudas de drogas.
El caso del gobierno parece depender en gran medida del testimonio de Hugo Carvajal Barrios, exdirector de inteligencia militar venezolano, quien se declaró culpable de los mismos cargos el año pasado y enfrenta entre 50 años y cadena perpetua.
Jon May, exabogado defensor de Noriega, señaló: “Su testigo estrella es su mayor defecto”. Los fiscales tendrán que corroborar su testimonio y posiblemente negociar una reducción de su condena, un desafío significativo dado sus problemas de credibilidad.
Los expertos destacan la diferencia clave con el caso de Manuel Noriega, donde las autoridades estadounidenses incautaron registros incriminatorios de su oficina. En contraste, en el caso de Maduro, no se arrestó a nadie más aparte de él y su esposa, y aparentemente no se obtuvieron registros.
David Weinstein, exfiscal federal, resumió el desafío: “Hay muchas acusaciones, pero ¿dónde está la prueba directa que vincule las alegaciones con Maduro? Ese será un gran desafío para los fiscales”.
El caso contra Maduro se perfila como un complejo proceso legal donde la falta de pruebas concretas y la dependencia de un testigo controvertido podrían definir el resultado final.
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