El miércoles por la noche, el Comité Venezolano por la Libertad de los Presos Políticos denunció la transferencia de un número indeterminado de prisioneros políticos desde la prisión de El Helicoide hacia otros centros de detención en Venezuela. La medida se produce en medio de crecientes interrogantes sobre el supuesto cierre de la instalación, considerada uno de los símbolos más notorios de represión política en el país.
La integrante del comité, Andreína Baduel, informó que los traslados comenzaron el martes por la tarde sin que las autoridades notificaran a los familiares sobre el destino de los detenidos. “Tenemos información de que a partir de las 6:00 p.m. comenzaron estos traslados. No sabemos quién fue movido ni adónde los llevaron, pero desde una colina cercana a este centro de tortura pudimos observar el traslado de presos políticos”, declaró Baduel a la agencia EFE.
Según la activista, los familiares que acudieron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas no recibieron explicación alguna y solo se les informó que las visitas habían sido suspendidas. “La respuesta del régimen hoy es iniciar traslados arbitrarios, continuar las violaciones de derechos humanos contra los presos políticos aquí detenidos y no dar respuestas oportunas a los familiares, que desde esta mañana intentan saber qué está pasando”, agregó Baduel.
Un día antes, la organización de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón había desafiado públicamente las afirmaciones de que El Helicoide había sido cerrado. La organización aseguró que, a pesar del anuncio realizado en enero por la presidenta interina Delcy Rodríguez, al menos 25 presos políticos permanecían detenidos en la instalación.
“Mientras hubo un anuncio oficial de las autoridades tras los hechos del 3 de enero de 2026, nuestros registros actualizados confirman que al menos 25 presos políticos continúan detenidos en estas instalaciones”, señaló la organización en un comunicado difundido en redes sociales. Añadieron que “no es posible considerar cerrada una instalación mientras ciudadanos permanezcan privados de libertad en su interior” e instaron a organismos internacionales y gobiernos extranjeros a verificar las condiciones sobre el terreno.
La controversia cobró relevancia después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, citara el martes el cierre de El Helicoide como prueba de las reformas implementadas por el gobierno interino de Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro del poder. Durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio señaló la liberación de numerosos presos políticos y el cierre del centro de detención como señales de que las autoridades interinas estaban desmantelando estructuras asociadas al sistema autoritario.
“Hemos visto reformas”, dijo Rubio a los senadores. “Hemos visto una reforma sistémica en individuos involucrados en su gobierno, reemplazados por nuevas personas”. El secretario también destacó que cientos de presos políticos han sido liberados desde enero, aunque reconoció que aproximadamente 400 personas a las que Washington aún considera presos políticos permanecen encarceladas.
El Helicoide, una estructura futurista inconclusa construida en la década de 1950 y concebida originalmente como complejo comercial, se convirtió posteriormente en sede del servicio de inteligencia y en uno de los centros de detención más temidos del país. Durante años, organizaciones de derechos humanos, ex presos políticos y líderes opositores denunciaron torturas y otros abusos cometidos en sus instalaciones. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela ha documentado casos de tortura y maltrato allí, acusaciones que las autoridades venezolanas han negado consistentemente.
En enero, Rodríguez anunció planes para transformar El Helicoide en un centro social y deportivo, como parte de una apertura política que incluyó una iniciativa de amnistía para presos políticos, aprobada posteriormente por la Asamblea Nacional. Las autoridades indicaron que las obras de renovación comenzaron en febrero. Sin embargo, las denuncias de esta semana sugieren que el futuro de la emblemática prisión sigue siendo incierto y plantean nuevas dudas sobre el verdadero alcance de las reformas promovidas por el gobierno interino.
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