Los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos interrogaron este lunes a abogados que defienden casos relacionados con una ley de 1996 que permite demandas en cortes estadounidenses contra empresas que «trafican» con propiedades confiscadas por el gobierno cubano. Esta es la primera vez que litigios relacionados con estos reclamos llegan al máximo tribunal.
Los magistrados escucharon argumentos orales en dos casos emblemáticos:
La ley, formalmente conocida como Ley Libertad pero comúnmente llamada Helms-Burton, fue firmada en 1996. Sin embargo, la disposición para demandar en cortes federales fue suspendida por cada presidente hasta que Donald Trump la promulgó en 2019.
El caso de Exxon (que operaba como Standard Oil) se centra en si la ley Helms-Burton anula las provisiones de inmunidad extranjera para entidades propiedad del gobierno cubano. Sus activos, incluyendo refinerías y la red de gasolineras ahora operadas por Cimex, fueron expropiados sin compensación en 1960. Con décadas de interés acumulado y la posibilidad de daños triples bajo la ley, el reclamo actual de Exxon supera los $1 billón.
En el caso de Havana Docks, en 2022 un juez federal de Miami ordenó a las navieras pagar más de $400 millones por usar las instalaciones que la empresa había construido en la era pre-Castrista. Sin embargo, una corte de apelaciones federal revocó la decisión porque la concesión de Havana Docks expiró en 2004, antes de que las compañías de cruceros llevaran visitantes estadounidenses a Cuba entre 2016 y 2019.
La administración estadounidense ha dejado claro que ve ambos casos como significativos para su política exterior hacia Cuba. Permitió que la oficina del procurador general enviara abogados a la Corte Suprema para argumentar a favor de las posiciones de Havana Docks y Exxon.
“Estados Unidos tiene importantes intereses de política exterior en fomentar la democracia en Cuba promoviendo la rendición de cuentas por las confiscaciones injustas del gobierno cubano a través de demandas del Título III y apoyando la compensación para las víctimas estadounidenses de las expropiaciones ilegales de la era Castro”, dijo la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en la red social X.
La Corte Suprema se espera que rule antes de su receso de verano en junio o principios de julio. John Kavulich, presidente del Consejo de Comercio y Economía EE.UU.-Cuba, quien ha seguido de cerca la litigación, comentó: “Los argumentos de hoy en la Corte Suprema reflejaron los mismos problemas que han confrontado las cortes inferiores desde 2019: cómo interpretar las palabras que el Congreso de los Estados Unidos puso o no en el papel. En cierto modo, el estatuto de la Ley Libertad de 1996 parece no haber sido escrito como un documento ejecutable, sino más bien como un documento teórico y político”.
Las audiencias se extendieron una hora y media más de lo programado, mostrando el inesperado interés de los jueces. Aunque un fallo a favor de los demandantes podría no resolver los casos definitivamente, proporcionaría un punto de apalancamiento adicional para la política de presión sobre Cuba.
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