La administración del presidente Donald Trump está difundiendo información contradictoria sobre las condiciones en Venezuela, generando interrogantes sobre cómo las diferentes agencias gubernamentales toman decisiones de política hacia ese país y sus nacionales en Estados Unidos.
En febrero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puso fin al Estatus de Protección Temporal para Venezuela. La agencia argumentó que, aunque algunas condiciones para las protecciones contra la deportación continúan, ha habido «mejoras notables» en sectores como la economía, la salud pública y la criminalidad. Esto, según el DHS, hace posible que los venezolanos «puedan ser devueltos de manera segura».
Contrastando fuertemente, el Departamento de Estado emitió una alerta de seguridad el 10 de enero de 2026, instando a cualquier ciudadano estadounidense a abandonar Venezuela inmediatamente. La alerta enfatiza informes de que grupos pro-régimen están deteniendo personas en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o apoyo a EE.UU., y destaca el riesgo de:
Esta advertencia se produce días después de que Estados Unidos bombardeara instalaciones militares en Caracas y capturara al líder venezolano Nicolás Maduro.
La incertidumbre en torno al futuro político de Venezuela, con Delcy Rodríguez como presidenta interina tras la captura de Maduro, ha renovado los llamados en Estados Unidos para restaurar el TPS para los más de medio millón de venezolanos que residen en el país y perdieron estas protecciones.
«No se puede advertir a los estadounidenses que no viajen a Venezuela debido al riesgo extremo, la persecución y el peligro, mientras simultáneamente se les dice a los venezolanos en Estados Unidos que pueden regresar de manera segura porque el país ahora es seguro para ellos. Esa contradicción no es solo una inconsistencia política, es un fracaso del sentido común, la responsabilidad humanitaria y el debido proceso», afirmó Adelys Ferro, directora del Venezuelan-American Caucus.
Portavoces del DHS y del Departamento de Estado defendieron sus posturas en declaraciones separadas. Tricia McLaughlin del DHS declaró: «No hay discrepancia aquí. El Departamento de Estado emitió su aviso para los estadounidenses… El Estatus de Protección Temporal está destinado a ser solo eso: temporal». Por su parte, el Departamento de Estado reiteró que su prioridad es la «seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero».
Organizaciones independientes como Human Rights Watch documentan que el gobierno venezolano intimida a defensores de derechos humanos, arresta manifestantes y hostiga a periodistas. Además, casi 8 millones de personas han huido de Venezuela en la última década.
Datos de la ONU indican que unos 5.1 millones de venezolanos viven con hambre y el 53% de la población está en pobreza extrema. En los últimos días de la administración Biden, el TPS para Venezuela se extendió 18 meses citando la «emergencia humanitaria severa», pero la administración Trump revocó esa extensión semanas después.
Según un informe de Human Rights First del 9 de enero de 2026, la administración Trump no ha enviado vuelos de deportación a Venezuela desde el 10 de diciembre. El impacto de las negociaciones posteriores a la captura de Maduro en las futuras deportaciones sigue siendo una incógnita.
Legisladores estadounidenses, incluidos los representantes Debbie Wasserman Schultz y Darren Soto de Florida, han pedido a la administración Trump que restablezca el TPS para Venezuela, argumentando que la determinación de que las condiciones habían mejorado era «infundada» y ahora es aún menos cierta.
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