En las horas posteriores al asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en su residencia privada, un círculo interno de sospechosos en el sur de Florida y Puerto Príncipe intentó desesperadamente manipular los eventos a su favor.
Cuatro hombres del sur de Florida enfrentan cargos en un juicio federal en Miami por conspirar para secuestrar o asesinar a Moïse: Antonio “Tony” Intriago, dueño de una firma de seguridad con sede en Doral; James Solages, haitiano-estadounidense; Arcángel Pretel Ortiz, reclutador de comandos colombianos; y Walter Veintemilla, corredor de hipotecas de Broward que financió la operación. Un quinto acusado, Christian Emmanuel Sanon, será juzgado posteriormente por problemas de salud.
De un total de 11 individuos acusados en Estados Unidos, cinco se han declarado culpables de conspiración para matar al presidente, mientras que un sexto lo hizo por contrabando de chalecos antibalas.
La fiscalía federal presentó una vasta colección de evidencia digital, analizada por la analista del FBI Kaitlin Dayton. Los datos, extraídos de más de 100 dispositivos electrónicos, incluyen una foto enviada a la 1:58 a.m. del 7 de julio de 2021 que muestra a Moïse muerto, con su camisa blanca manchada de sangre y múltiples impactos de bala.
Los mensajes de texto revelan la planificación de al menos tres misiones abortadas, intentos de reclutar pandillas haitianas como el G9 liderado por Jimmy “Barbecue” Chérizier, y la posterior exclusión de Sanon por no conseguir financiamiento o armas.
Inmediatamente después del asesinato, Intriago contactó al jefe de la policía haitiana, Léon Charles, por mensaje de texto, solicitando protección para los estadounidenses involucrados y ofreciéndole trabajo en su firma de seguridad, junto con «protección internacional» para su familia.
Los mensajes también muestran esfuerzos para influir en la sucesión política, buscando instalar a la jueza Windelle Coq-Thélot como presidenta, con la intermediación de Joseph Félix Badio, un exfuncionario anticorrupción haitiano central en la trama.
La defensa alega que oficiales de la policía nacional haitiana y detalles de seguridad presidencial ya habían matado a Moïse antes de la llegada de los comandos colombianos. Además, sugieren un involucramiento más profundo de figuras como Léon Charles y el ex primer ministro Ariel Henry, quienes han negado todas las acusaciones.
Los fiscales, encabezados por Jason Wu, insisten en que no hubo participación del gobierno de EE.UU. y que los acusados intentaron usar sus conexiones previas como informantes para legitimar actividades criminales.
El juicio, que ya lleva cinco semanas, continúa en la corte federal de Miami ante la jueza Jacqueline Becerra. Entre los seis cooperadores que testificarán para el gobierno se encuentran el exsenador Joseph Joël John y el traficante de cocaína convicto Rodolphe “Dodof” Jaar.
El asesinato de Moïse sumió a Haití en un vacío de poder y violencia pandillera, mientras el caso judicial en Miami sigue destapando los hilos de una compleja conspiración internacional.
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