El asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021, fue financiado con aproximadamente $343,000 provenientes de préstamos, tarjetas de crédito, transferencias electrónicas y fondos de ayuda pandémica, según reveló un contador forense del FBI ante un jurado federal en Miami.
Nestor Mascarell, contador público certificado y veterano de 20 años en el FBI, detalló que rastreó el dinero a través de cientos de cuentas y transacciones vinculadas a los cuatro acusados que enfrentan juicio en el sur de Florida por conspirar para secuestrar o matar a Moïse. Las principales fuentes de financiamiento incluyeron:
Mascarell también indicó que unos $30,000 en beneficios de ayuda pandémica, garantizados por la Small Business Administration, fueron utilizados para financiar parte del plan. Entre los gastos clave se encuentran: $26,484 para trasladar a los 20 colombianos a Puerto Príncipe vía República Dominicana; $15,477.27 para un avión fletado que llevó al respaldo del grupo, el doctor Christian Emmanuel Sanon, desde Fort Lauderdale a Haití; y $21,234.26 en equipo táctico y chalecos.
Once personas fueron acusadas por fiscales federales en el sur de Florida en relación con el magnicidio. Ocho de ellas han aceptado acuerdos de culpabilidad. Cuatro acusados están siendo juzgados actualmente:
El fiscal Jason Wu afirmó que “el señor Veintemilla fue el banco de estos acusados para matar o secuestrar a Moïse”. Un préstamo de $175,000 de Veintemilla a Intriago y Pretel, con 21 solicitudes de retiro, fue central en el esquema, destinado inicialmente a respaldar al doctor Sanon como sustituto de Moïse, y luego a la jueza Windelle Coq Thélot de la Corte Superior de Haití.
Tras siete semanas de juicio, la fiscalía presentó a su testigo número 44 y último: el contador Mascarell. La defensa comenzó a presentar sus testigos, entre ellos Nicole Phillips, asesora legal en derechos humanos en Haití, quien habló sobre el papel de las pandillas en la vida política del país y la oposición a Moïse antes de su muerte.
“Caminamos hacia una situación bastante imposible”, dijo Orlando do Campo, abogado de Pretel, al impugnar la solicitud de última hora de un testigo experto.
La defensa ha enfrentado limitaciones para viajar a Haití, donde algunos sospechosos escaparon de prisión en febrero de 2025, y la jueza Jacqueline Becerra ha impuesto restricciones a pruebas de una investigación paralela. Los abogados intentaron que se admitiera el testimonio de un sacerdote vudú sobre la mutilación del cuerpo del presidente, pero la jueza lo bloqueó al considerarlo “imposible porque esa religión no condona asesinatos”.
La defensa también ha argumentado que el plan original era arrestar a Moïse, pero fue secuestrado y asesinado por sus propias fuerzas de seguridad. Los fiscales rechazan esta versión, señalando que las pruebas, incluidos 900 páginas de mensajes de texto, demuestran una conspiración clara que derivó en asesinato.
Se espera que la defensa termine su presentación el viernes, y los alegatos finales podrían comenzar la próxima semana. Ninguno de los cuatro acusados planea testificar. El caso ha entrado en su octava semana y el jurado deberá decidir sobre los cargos de conspiración, violación de la Ley de Neutralidad estadounidense y otros delitos graves.
La comunidad haitiana y la comunidad internacional siguen de cerca este proceso que busca determinar las responsabilidades en uno de los magnicidios más impactantes de la historia reciente de América Latina y el Caribe.
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