Una petición para forzar una votación en la Cámara de Representantes sobre la extensión de protecciones legales temporales a miles de haitianos en riesgo de deportación a su país devastado por la violencia obtuvo el apoyo requerido el viernes por la noche, incluyendo el respaldo de cuatro republicanos.
La maniobra procedimental poco común, liderada por la representante demócrata Ayanna Pressley de Massachusetts, necesitaba 218 firmas —una mayoría simple de los 435 miembros de la Cámara— para sacar del comité el proyecto de ley HR 1689 y llevarlo al pleno. La legislación requeriría que el Departamento de Seguridad Nacional designe a Haití para el Estatus de Protección Temporal (TPS), ante los esfuerzos de la administración Trump por poner fin a este beneficio.
El TPS ha permitido a aproximadamente 350,000 haitianos vivir y trabajar en Estados Unidos debido a la continua violencia de pandillas y la inestabilidad política en Haití.
Además del apoyo demócrata, la petición también recibió el respaldo de cuatro republicanos, incluyendo a la representante por Miami María Elvira Salazar. Ella se convirtió en el primer miembro de su partido en apoyar el esfuerzo después de que Pressley lo presentara en enero. Los otros tres que cruzaron líneas partidistas fueron los representantes Brian Fitzpatrick de Pensilvania, Mike Lawler de Nueva York y Don Bacon de Nebraska.
Cualquier firmante puede ahora solicitar debatir la medida el próximo lunes elegible. Si la Cámara aprueba el proyecto de ley, pasaría al Senado, donde enfrenta un camino incierto.
Haití es uno de los varios países cuyas designaciones de TPS han sido objetivo del presidente Donald Trump. Después de que cinco titulares de TPS haitianos demandaran en nombre de ellos mismos y de aproximadamente 350,000 más en riesgo de detención y deportación, argumentando sesgo racial y nacional, la jueza federal Ana C. Reyes bloqueó la terminación. Su fallo fue confirmado en una decisión 2-1 por un tribunal federal de apelaciones.
La administración ha apelado a la Corte Suprema, que tiene programado escuchar argumentos el 29 de abril sobre poner fin al TPS para Haití y Siria.
Defensores de la inmigración elogiaron el apoyo bipartidista como histórico e instaron al Senado a «actuar rápidamente una vez que la Cámara vote».
«La fe no puede ser neutral cuando las familias están en riesgo», dijo el obispo Dwayne Royster, director ejecutivo de Faith in Action, añadiendo que los legisladores «respondieron al llamado de la conciencia».
Faith in Action, una red nacional de organizaciones comunitarias basadas en la fe, señaló en un comunicado que sin protección, cientos de miles de familias enfrentan separación forzada y deportación masiva. Aquellos deportados serían devueltos a un país que lucha contra una violencia generalizada de pandillas, la ausencia de un gobierno funcional y una crisis humanitaria tan severa que el propio gobierno de EE.UU. advierte a sus ciudadanos que no viajen allí.
La defensora Claudette David de Faith in Action declaró: «Esta victoria pertenece al pueblo — al clero que hizo las llamadas, a los miembros de la comunidad que viajaron a Washington, y a las familias haitianas que nunca dejaron de exigir ser vistas. La comunidad diaspórica haitiana y los amigos de Haití construyeron estas relaciones una conversación a la vez, y hoy ese trabajo cambió la historia».
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