La administración Trump notificó este jueves a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresaron legalmente mediante el programa CHNV de la era Biden que deben abandonar inmediatamente Estados Unidos, revocando además sus permisos de trabajo.
La secretaria asistente Tricia McLaughlin declaró:
«Poner fin a los programas CHNV será un regreso necesario a políticas de sentido común, seguridad pública y América Primero»
Aproximadamente la mitad de los beneficiarios han solicitado otros estatus migratorios que podrían permitirles permanecer, mientras que cientos de miles enfrentan el dilema de regresar a países con violencia y crisis humanitarias o arriesgar deportación forzada.
Brandon Galli-Graves del Justice Action Center advierte sobre la incertidumbre en los procesos de deportación: «No se sabe cómo el DHS implementará la aplicación migratoria», señalando que podrían usarse procedimientos acelerados sin intervención judicial.
Los afectados, empleados en sectores críticos como construcción y cuidado de ancianos, ahora enfrentan pérdida de empleos, inestabilidad habitacional y disrupciones educativas. Krish O’Mara Vignarajah de Global Refuge denuncia:
«Rescindir protecciones legales de quienes siguieron las reglas desestabiliza familias y comunidades»
La medida afecta especialmente los procesos de reunificación familiar, dejando sin protección a miles de patrocinadores estadounidenses.
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