Miami-Dade podría reformar los requisitos para contratar al inspector general de supervisión

Comisionados evalúan cambiar las reglas para elegir al máximo fiscalizador interno

Los comisionados del Condado de Miami-Dade están considerando reescribir los requisitos de contratación para la oficina del inspector general, el organismo encargado de investigar las acusaciones de corrupción contra los propios comisionados y funcionarios del condado.

Personal de la Oficina del Inspector General de Miami-Dade en una reunión de trabajo
El equipo del Inspector General de Miami-Dade, central en las investigaciones de supervisión.

La propuesta de Gilbert: un cambio de perfil

Con el actual inspector general, Felix Jimenez, aún esperando un voto de renombramiento más de un año después de que su contrato expirara en 2024, el comisionado detrás de esa demora, Oliver Gilbert, busca ampliar los criterios para el puesto.

La legislación propuesta por Gilbert elimina el requisito de que el inspector general tenga experiencia en aplicación de la ley o en derecho. En su lugar, el puesto también estaría abierto a administradores gubernamentales que puedan demostrar experiencia supervisando investigaciones sobre fraude y despilfarro.

Calendario legislativo y argumentos a favor

La propuesta pasó un voto preliminar de la comisión en diciembre y está programada para una audiencia ante el Consejo de Políticas el 2 de febrero, antes de enfrentar un voto final de la junta completa de comisionados más adelante este año.

Gilbert argumenta que el cambio simplemente abre el puesto a candidatos con experiencia en contratación gubernamental, presupuestos y otros asuntos fiscales dentro del ámbito del inspector general. Esto, según él, debería hacer al inspector general más alerta ante la mala conducta en el gobierno.

“Tiene sentido que los candidatos a inspector general tengan alguna experiencia en administración pública”, dijo Gilbert. “Tienes que entender algo para saber cómo funciona, cuándo está funcionando correctamente y cuándo se está haciendo algo mal”.

La oposición del inspector general en funciones

Jimenez, un ex detective de homicidios de Miami-Dade que también trabajó en casos de corrupción pública, se opone a los criterios propuestos.

En una declaración, Jimenez afirmó que las revisiones propuestas “ponen en peligro la efectividad de un Inspector General independiente” al alterar el proceso de selección y diluir las calificaciones del candidato. “La ordenanza actual garantiza la independencia del IG y asegura un candidato calificado que ha demostrado la capacidad de trabajar con agencias de aplicación de la ley locales, estatales y federales y el poder judicial”.

Límite de mandato y contexto de investigaciones

La legislación de Gilbert también impone un límite de ocho años para el tiempo que un inspector general puede servir en el cargo. Jimenez ha sido el inspector general del condado desde 2020.

La oficina del inspector general, con un personal de 42 personas, produce informes y auditorías que van desde la revisión de contratos pequeños hasta la investigación de casos de alto perfil que involucran a comisionados. Por ejemplo, la investigación que llevó al arresto en 2022 del entonces comisionado Joe Martinez por cargos de soborno comenzó en esta oficina.

Recientemente, la oficina confirmó que está investigando una caridad vinculada al Presidente de la Comisión, Anthony Rodriguez, la Fundación A3. El 15 de enero, la oficina denegó la entrega de registros relacionados, citando una investigación activa.

Reformas al comité de selección y voces disidentes

La propuesta también cambiaría las reglas sobre quién integra el comité de selección del inspector general, expandiéndolo a siete miembros. Por primera vez, un miembro de la Comisión del Condado tendría un asiento en este panel. También se otorgarían asientos al sheriff de Miami-Dade y a una autoridad en ética designada por el decano de la facultad de derecho de la Universidad de Miami.

El comisionado Juan Carlos Bermudez se ha manifestado en contra de que los comisionados reescriban las reglas para su propio fiscalizador, especialmente en lo que respecta a tener un miembro de la junta en el comité de selección.

“No creo que nadie que potencialmente pueda estar bajo investigación deba estar en el panel de selección”, dijo Bermudez. “No son las mejores prácticas en mi opinión. No refleja bien al cuerpo”.

El proceso continúa, con la audiencia del 2 de febrero como próximo paso clave para definir el futuro de la supervisión interna en el gobierno del Condado de Miami-Dade.

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