El Miami Dade College se encuentra inmerso en una batalla legal con el historiador Marvin Dunn sobre la transferencia de un terreno clave en el centro de la ciudad para la construcción de la biblioteca presidencial de Donald Trump. La junta de fideicomisarios podría resolver el conflicto celebrando una nueva audiencia pública, pero ha optado por llevar el caso a un tribunal superior.
Los abogados del colegio informaron al Tribunal de Circuito de Miami-Dade que planean apelar el fallo de la Jueza Mavel Ruiz, quien bloqueó temporalmente la transferencia de la escritura del terreno. El caso se dirigirá al Tercer Tribunal de Apelaciones del Distrito, donde casi la mitad de los jueces fueron designados por el Gobernador Ron DeSantis. El colegio solicita que el tribunal inferior suspenda los procedimientos hasta que un panel de apelaciones se pronuncie.
Por el contrario, los abogados de Marvin Dunn piden acelerar el juicio, proponiendo descubrimiento de pruebas en las próximas semanas y un juicio para enero. Dunn argumenta que el colegio no proporcionó «aviso razonable» al público sobre sus planes antes de la reunión de la junta de fideicomisarios del 23 de septiembre, violando la Ley de Sunshine de Florida. La junta anunció la reunión para «discutir transacciones inmobiliarias potenciales» una semana antes, pero no dio detalles específicos.
En la votación de septiembre, los fideicomisarios aprobaron transferir el terreno de 2.6 acres al estado para la fundación de la biblioteca de Trump sin discusión o debate. El aviso público no detalló qué parcela se donaría ni su propósito, lo que generó críticas sobre la transparencia.
El terreno, un estacionamiento en Biscayne Boulevard, había sido planeado para desarrollo mediante una asociación público-privada en 2016, incluyendo condominios y beneficios para el colegio. Sin embargo, no hay detalles públicos sobre qué beneficios financieros obtendría el colegio —que enfrenta pérdidas de $9.6 millones por el veto de DeSantis a un subsidio— de la biblioteca presidencial.
El colegio está representado por la firma Continental PLCC, fundada por el exrepresentante Carlos Trujillo, quien lideró la outreach latina de Trump. Recientemente, se unieron dos solicitors generales de la oficina del Fiscal General James Uthmeier, respaldado por Trump. La oficina del Fiscal General argumenta que no hay una orden escrita de la jueza Ruiz, por lo que no consideran la medida como vinculante.
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