La exfuncionaria Lubby Navarro, de 50 años, enfrentará más de un año en prisión estatal tras declararse culpable de un cargo de gran hurto por utilizar hasta $100,000 de fondos del distrito escolar para gastos personales, incluyendo viajes de lujo, dispositivos de rastreo y fajas de embarazo falsas.
Además de la pena carcelaria, Navarro deberá cumplir tres años de libertad condicional, durante los cuales tiene prohibido servir en cargos públicos, y debe reembolsar la totalidad del dinero desviado.
Como condición del acuerdo, Navarro ofreció una disculpa pública ante el juez Miguel De la O. “Es un día que nunca pensé que llegaría en mi vida”, dijo, aceptando “plena responsabilidad” por sus actos. Sin embargo, minutos después usó carpetas amarillas para ocultar las esposas que le colocaron.
Navarro sirvió en la Junta Escolar desde 2015, fue vicepresidenta brevemente y renunció en 2022. Su arresto en 2024 siguió a una investigación de meses por el uso indebido de tarjetas de crédito institucionales.
Los investigadores documentaron gastos por $92,000 en comercios como:
Y $9,000 en viajes, incluyendo una estadía en el Wynn Las Vegas con su novio y un viaje a la República Dominicana con su madre.
La fiscal estatal Katherine Fernandez Rundle enfatizó que los funcionarios deben operar “para la gente, no para beneficio personal”. En un comunicado, agradeció a los investigadores por garantizar la integridad del gobierno.
“Los funcionarios públicos están en posiciones de autoridad y confianza para asegurar la seguridad y la calidad de vida de quienes viven en nuestra comunidad, no para utilizar fondos públicos para su beneficio personal”, dijo Fernandez Rundle.
El abogado de Navarro, Ben Kuehne, declaró que su cliente “aceptó su error” y comenzó su “camino hacia la rehabilitación”, pidiendo a la comunidad que la vea como “una buena persona” que merece otra oportunidad.
Entre las compras más insólitas se encuentran dos fajas de embarazo falsas de Amazon, usadas para engañar a su exnovio, y dispositivos de rastreo colocados en su vehículo. También se compraron electrodomésticos que terminaron en el restaurante de su novio en Fort Lauderdale.
La investigación comenzó tras su renuncia en 2022, cuando una auditoría reveló discrepancias en los informes de gastos de su último mes. Algunos registros parecían alterados u ocultados, permitiendo que los desfalcos pasaran desapercibidos por meses. La orden de arresto original contenía 98 páginas de cargos.
Este caso subraya la crítica importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, especialmente aquellos destinados a la educación.
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