Investigación judicial revela conducta impropia de jueza en caso penal de alto perfil
Un panel de supervisión estatal encontró causa probable para presentar cargos disciplinarios formales contra la jueza Bronwyn Miller del Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Miami-Dade, tras una investigación iniciada por la publicación de sus mensajes de texto que denigraban a un colega y presionaban a la fiscal Katherine Fernandez Rundle.
Detalles de los cargos y alegatos
El documento de 22 páginas que describe las acusaciones fue presentado ante la Corte Suprema de Florida. La Comisión de Calificaciones Judiciales de Florida señaló que las comunicaciones de la jueza «socavaron la apariencia de integridad e imparcialidad, menospreciaron el cargo judicial e interfirieron con el desempeño adecuado de sus deberes».

Contexto del caso Corey Smith
La investigación se centró en cientos de mensajes de texto enviados por Miller a Fernandez Rundle durante las audiencias de Corey Smith, líder de una pandilla condenado a muerte por cuatro asesinatos en Liberty City en los años 90. Smith fue resentenciado a 30 años de prisión en un acuerdo de culpabilidad después de que la jueza Andrea Ricker Wolfson removiera a dos fiscales del caso por mala conducta.
Mensajes clave que desataron la investigación
- 6 de abril de 2024: Miller escribió a Fernandez Rundle: «Creo que deberías descalificarla. Entonces todas las decisiones pueden ser reconsideradas», refiriéndose a la jueza Wolfson.
- Abril de 2024: Criticó un escrito fiscal que mencionaba «favores potenciales a testigos» durante su etapa como fiscal, alegando errores factuales.
- Julio de 2024: Atacó al fiscal Michael Von Zamft, afirmando que «ningún abogado defensor debería entrenar a fiscales».
Defensa de la jueza y próximos pasos
El abogado de Miller, Warren Lindsey, defendió su derecho a la Primera Enmienda y destacó sus 28 años de servicio ejemplar. Miller tiene 20 días para presentar una respuesta por escrito a los cargos. La Corte Suprema de Florida decidirá si enfrenta sanciones, que podrían incluir desde una reprimenda hasta la remoción del cargo.
«Un servidor público no renuncia a su derecho de la Primera Enmienda para hablar con un funcionario sobre un tema de grave importancia para su seguridad y la de su comunidad», declaró Lindsey.