La Juez Bronwyn Miller, de la Tercera Corte de Apelaciones del Distrito de Miami, ha solicitado la desestimación de los cargos disciplinarios formales presentados en su contra por un panel de supervisión estatal, tras revisar sus mensajes de texto con la Fiscal del Estado de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle. Miller argumenta que no intentó «corromper el proceso» judicial, sino que buscaba «asegurar la justicia».
El mes pasado, el panel encontró causa probable para presentar cargos formales contra la juez Miller, citando preocupaciones sobre sus mensajes de texto con Fernandez Rundle, su exjefa. El panel cuestionó la imparcialidad de Miller como juez, señalando que los textos «parecen ser coercitivos».
En una moción de desestimación de 69 páginas presentada el miércoles, el abogado de Miller, Warren Lindsey, argumentó que los mensajes de texto están protegidos por la Primera Enmienda y que no estaban relacionados con ningún caso pendiente ante la juez. Lindsey afirmó que disciplinar a Miller por esto es «inconsistente con consideraciones constitucionales fundamentales» y «evoca el espectro del estado orwelliano».
La investigación se centró en los cientos de mensajes de texto enviados por Miller a Fernandez Rundle durante las audiencias de resentencia de Corey Smith, presunto líder de la pandilla John Doe de Miami, condenado a muerte por asesinar a cuatro personas en Liberty City en la década de 1990. La Juez de Circuito de Miami-Dade, Andrea Ricker Wolfson, presidió las audiencias y finalmente retiró a dos fiscales del caso por mala conducta.
Miller, quien años antes había sido la fiscal que aseguró las condenas y sentencia de muerte de Smith, indicó en los mensajes que intentaba proteger su reputación, la cual sintió que fue mancillada durante los procedimientos.
Los mensajes de texto fueron obtenidos y publicados en un artículo en línea el 10 de noviembre de 2024. Tres días después, el 13 de noviembre, Miller se auto-reportó a la Comisión de Calificaciones Judiciales de Florida, que investiga alegatos de mala conducta judicial.
La Corte Suprema estatal decidirá finalmente si Miller será sancionada. Si se mantienen los cargos, podría enfrentar penalidades que van desde una reprimenda hasta la remoción del cargo.
En su respuesta, Miller negó intentar influir en Fernandez Rundle y destacó que sus acciones buscaban «exponer el testimonio falso» en el caso. Su abogado enfatizó que Miller actuó en su rol como ex fiscal, testigo y constituyente preocupada, y que sus comunicaciones eran «protegidas constitucionalmente».
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