Un escándalo de corrupción pública cargado de acusaciones de viajes lujosos, dispositivos de rastreo secretos y un embarazo falso está a punto de llegar a su fin. El juicio contra la exvicepresidenta de la Junta Escolar de Miami-Dade, Lubby Navarro, está programado para comenzar a principios de abril.
El juez Miguel de la O fijó este jueves que el juicio inicie el 7 de abril. Navarro, de 50 años, fue arrestada en 2024 tras una investigación de meses sobre el uso indebido de tarjetas de crédito emitidas por el distrito escolar.
Los fiscales alegan que, a lo largo de 2022, Navarro gastó hasta $100,000 en gastos personales con fondos destinados a apoyar la educación pública. Ella se ha declarado no culpable.
Según los investigadores, los cargos incluyen una mezcla de compras minoristas rutinarias y gastos más extravagantes. Las autoridades afirman que Navarro usó las tarjetas para compras en grandes minoristas, así como para viajes, incluyendo una estancia en un hotel de lujo en Las Vegas y un viaje a la República Dominicana. Parte de los gastos, alegan, beneficiaron no solo a Navarro, sino también a personas cercanas, incluido su novio.
Entre las compras se encontraban electrodomésticos y equipos que, según las autoridades, terminaron en el restaurante de su novio. Pero quizás lo más llamativo fueron las acusaciones de que Navarro compró accesorios de silicona para simular un embarazo y dispositivos de rastreo. Los fiscales sostienen que estos artículos eran parte de un esfuerzo para manipular y monitorear a su entonces novio.
La investigación comenzó después de que Navarro renunciara a la Junta Escolar a fines de 2022. Al revisar los informes de gastos de su último mes, surgieron discrepancias, lo que provocó una auditoría más profunda. Las autoridades luego indicaron que algunos registros parecían haber sido alterados u ocultados, permitiendo que los gastos pasaran desapercibidos durante meses.
Su orden de arresto original abarcaba 98 páginas. Navarro, quien había servido en la junta desde 2015 y fue brevemente elegida vicepresidenta poco antes de su renuncia, finalmente fue acusada de múltiples cargos relacionados con fraude y mal uso de fondos públicos.
El juicio marcado para abril determinará el destino legal de la exfuncionaria, en un caso que ha captado la atención por sus detalles inusuales y el presunto desvío de recursos educativos.
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