Tras el triple asesinato que conmocionó a la comunidad de Tamarac, el Sheriff del Condado de Broward, Gregory Tony, despidió a ocho diputados por una cascada de fallos que resultaron en la muerte de Mary Catherine Gingles, de 34 años, su padre David Ponzer, de 64, y el vecino Andrew Ferrin, de 36, la mañana del 16 de febrero. El asesino, Nathan Gingles, persiguió a Mary con una pistola semiautomática equipada con silenciador mientras ella buscaba refugio. Su hija de 4 años, Seraphine, fue testigo de los crímenes.
Un año después de la tragedia, los diputados despedidos tienen la oportunidad de recuperar sus trabajos con pago retroactivo a través de arbitraje. El sindicato IUPA Local 6020, que los representa, ha demandado arbitrajes para su reinstalación. «Los arbitrajes han sido demandados y actualmente están pendientes… Tenemos la esperanza de que se haga justicia», dijo Dan Rakofsky, presidente del sindicato.
La investigación de Asuntos Internos de BSO, de casi 300 páginas, detalla cómo los diputados no respondieron con urgencia a las llamadas al 911. El Sgt. Allen ordenó reunirse en un «punto de reunión» fuera de la comunidad en lugar de ir directamente a la escena. Varios diputados admitieron después que deberían haber desobedecido.
Este caso evoca la respuesta de BSO al tiroteo masivo en la Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland en 2018, donde diputados esperaron fuera del edificio. El Sgt. Brian Miller, despedido en 2019, recuperó su trabajo con pago retroactivo tras un arbitraje.
Mary, ex capitán del Ejército de EE.UU., llamó a BSO 14 veces en el último año de su vida, documentando el acoso de Nathan. A pesar de ello, la respuesta fue «laxa»: tomó más de dos meses recoger un rastreador colocado en su auto, y BSO no confiscó las armas de Nathan bajo la Ley de Bandera Roja, a pesar de una orden judicial.
Expertos como Lee Kraftchick, ex abogado del condado de Miami-Dade, explican que el arbitraje es un proceso «rápido y vinculante» para disputas laborales. Según un estudio de Stephen Rushin, profesor de derecho, en el 52% de los casos de arbitraje entre 2006 y 2020, los árbitros revocaron decisiones disciplinarias contra policías, y en el 46% ordenaron recontratar a oficiales despedidos.
«Cualquier sistema, no importa cuán venerable y exitoso haya sido, está abierto a mejoras», dijo Kraftchick, quien propone reformas como limitar la reversión por errores procedimentales.
Mientras los diputados despedidos luchan por su reintegración, las víctimas y sus familias enfrentan un dolor perpetuo. Seraphine, ahora huérfana de madre y abuelo, vive con el trauma. Nathan Gingles, quien se ha declarado inocente, enfrenta la pena de muerte si es condenado.
El Sheriff Tony ha atribuido las fallas a un «desempeño pésimo» y no a políticas de BSO. «Hemos entrenado a estos hombres y mujeres… y hemos tenido oficiales que demostraron entender la política», dijo en una conferencia de prensa en septiembre de 2025.
El destino de los diputados ahora depende de un árbitro, en un caso que pone a prueba la responsabilidad policial y los mecanismos de disciplina.
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