Una investigación ha revelado que la administración del gobernador Ron DeSantis desvió más de $35 millones en fondos de los contribuyentes para financiar una campaña contra dos enmiendas electorales el año pasado, destinadas a legalizar la marihuana recreativa y anular la prohibición del aborto a las seis semanas.
Gran parte del dinero estaba destinado a asistir a floridanos vulnerables, incluidos niños en programas de protección. En cambio, se utilizó para pagar a consultores políticos, abogados y miles de anuncios en televisión, redes sociales y radio que ayudaron a derrotar las enmiendas.
El profesor emérito Kenneth Goodman, experto en ética médica, calificó la campaña como
«corrupción a expensas de los niños»
, al desviar recursos de una población vulnerable. Una investigación de gran jurado está en curso, centrada en la Fundación Hope Florida, que recibió $10 millones de un asentamiento de Medicaid.
Políticos de ambos partidos han expresado preocupación. El representante republicano Alex Andrade afirmó que parece una «malversación de fondos» y una violación de las leyes de contratación. En respuesta, los legisladores aprobaron una ley que prohíbe al estado gastar dinero para luchar contra enmiendas futuras, incluso si alega estar proporcionando «información factual».
Las Enmiendas 3 y 4 no alcanzaron el 60% necesario para aprobarse. Aunque DeSantis se atribuyó el crédito por su derrota, el uso de fondos públicos para influir en la elección ha generado serios cuestionamientos sobre la legalidad y ética de las acciones de su administración.
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