El Comité de Ética de la Cámara de Representantes declaró que 25 cargos de mala conducta contra la congresista por South Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, han sido «probados por evidencia clara y convincente«. Este hallazgo se produjo tras una votación a puerta cerrada en las primeras horas de la madrugada del viernes y una rara audiencia televisada la noche del jueves.
El personal del comité había acusado originalmente a la demócrata de 27 cargos de mala conducta. La mayoría de las acusaciones estaban relacionadas con millones de dólares pagados a la empresa de atención médica de su familia a través de contratos estatales por la pandemia de COVID-19, fondos que posteriormente terminaron en las arcas de su campaña para las elecciones especiales de 2021.
Su abogado argumentó el jueves que todos esos fondos eran legalmente suyos y que ella ejerció el derecho que tiene cualquier miembro del Congreso de usar una cantidad ilimitada de su propio dinero para intentar ser electa. El Comité de Ética de la Cámara no estuvo de acuerdo con esta defensa.
Según el comité, también se probaron acusaciones de repetidas violaciones a las leyes de financiamiento de campaña y de otorgar favores especiales en conexión con la asignación de fondos del Congreso para proyectos locales.
Existían acusaciones adicionales de que aceptó donaciones corporativas impropias de una empresa petrolera con sede en Florida llamada PetroGaz-Haiti para financiar su campaña de reelección en 2022.
El presunto lavado de dinero de fondos de PetroGaz-Haiti fue uno de los dos únicos cargos que el comité no consideró probados. El segundo fue una acusación de falta de franqueza durante la investigación del Comité de Ética.
El Comité de Ética celebrará ahora una reunión para discutir las consecuencias potenciales, y el asunto podría someterse a una votación de toda la Cámara para determinar su censura o expulsión.
«Poco después de que la Cámara regrese del receso de abril, el Comité pleno celebrará una audiencia para determinar qué sanción, si alguna, sería apropiada recomendar», dijo el comunicado del Comité de Ética del viernes.
La legisladora demócrata también enfrenta cargos criminales que alegan que robó fondos de ayuda para la COVID-19 después de que el estado cometiera un error de sobrepago de $5 millones a la empresa de atención médica de su familia. Tanto el Departamento de Justicia como el Comité de Ética de la Cámara la acusan de desviar parte de ese dinero a su campaña. Ella se ha declarado inocente.
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