Desde que la primera cámara de velocidad se instaló fuera de una escuela de Miami-Dade a fines de 2024, los propietarios de vehículos en el condado han recibido cientos de miles de infracciones automatizadas por exceso de velocidad.
Para muchos, esos avisos enviados por correo también trajeron problemas mucho más graves que la multa de $100: decenas de miles de conductores vieron sus licencias suspendidas por no pagar la tarifa.
Después de menos de dos años en operación, las cámaras están vinculadas a casi 34,000 suspensiones de licencia, según datos de la oficina del secretario del condado.
«Es un volumen enorme de casos que están llegando», dijo Leo Guerra, un abogado de Miami, quien señaló que las cámaras en zonas escolares ahora representan su principal categoría de casos de infracciones de tránsito. «Las multas por cámara están llegando a montones».
Guerra reconoce que los propietarios de vehículos son generalmente los culpables de las suspensiones. «Si las personas reaccionan a tiempo es realmente el mayor impulsor de esto», afirmó.
Los defensores de las cámaras, autorizadas por la Legislatura de Florida en 2024, argumentan que son una forma eficiente de disuadir el exceso de velocidad alrededor de las escuelas. La ley solo permite emitir violaciones cuando un vehículo va a más de 10 mph por encima del límite.
«Y los infractores reincidentes han disminuido considerablemente», dijo el Jefe de Policía Jason Cohen del Departamento de Policía de Pinecrest, donde las infracciones por velocidad han bajado un 35%.
Los críticos, sin embargo, llaman a la ley de cámaras de velocidad de Florida una «táctica para recaudar dinero», posible gracias al cabildeo de los operadores de cámaras que comparten los ingresos con los gobiernos locales y el estado.
«Si es un problema de seguridad, coloquen algunos reductores de velocidad», dijo Darrell Guilford, subdirector del Florida Justice Center.
Las más de 120 cámaras que la empresa con sede en Chicago, RedSpeed, opera para Miami-Dade generaron aproximadamente $17 millones en ingresos por multas en un período de ocho meses que terminó el verano pasado.
En Miami Gardens, la tercera ciudad más grande del condado, 20 cámaras generaron más de 80,000 violaciones en cuatro meses la primavera pasada, un promedio de más de 900 por día escolar.
Maria Sparacino, de 28 años y residente de Coral Gables, se alarmó el otoño pasado al descubrir que estaba en riesgo de una licencia suspendida. Nunca vio la multa original de $100, que supone fue a una dirección antigua. «Al principio, pensé que era una estafa», dijo. Al confirmarla en línea, la pagó de inmediato.
Para William Villalba, de 49 años, las cámaras crearon un lío. Él era el que conducía, pero como el nombre de su pareja estaba en el registro del vehículo, fue su pareja quien descubrió durante un alto de tráfico que su licencia estaba suspendida por multas no pagadas. «Yo era el que conducía. Él fue el que tuvo su licencia suspendida», relató.
Lillian Pardo, quien vive en Fontainebleau, ha enfrentado suspensiones de licencia múltiples veces, no solo por cámaras en zonas escolares sino también por cámaras de luz roja. Pardo dijo que se muda con frecuencia y no siempre actualiza su dirección. «Si un policía me detiene, sé que un policía me ha detenido», expresó.
El Sgt. Eduardo Pares, quien supervisa el programa de cámaras en zonas escolares para la Oficina del Alguacil de Miami-Dade, señaló que los infractores reciben avisos certificados de la corte sobre el riesgo de suspensión. «Creo que esto surge de mucha gente que ignora las cosas. O no actualiza su información. Vemos eso mucho», afirmó.
Corrección: Este artículo fue actualizado con el nombre correcto del Sgt. Eduardo Pares de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade.
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