Durante décadas, la comunidad cubanoamericana de Miami-Dade ha enviado dinero, alimentos y medicinas a familiares en la isla, constituyendo un salvavidas vital bajo el gobierno comunista. Sin embargo, estas conexiones históricas ahora están bajo un nuevo y riguroso escrutinio político, mientras Washington intensifica la presión sobre La Habana y los líderes del sur de Florida claman por una aplicación más estricta de las sanciones.
En ciudades como Hialeah, las autoridades locales están impulsando investigaciones para suspender o revocar las licencias comerciales de empresas que, según ellas, mantienen vínculos con el gobierno cubano. El alcalde Bryan Calvo, al asumir en enero, lanzó un Grupo de Trabajo Asesor sobre Negocios con Cuba para revisar más de 290 empresas locales que comercian con la isla.
«Esto no significa que todas estas empresas estén violando la ley, pero han sido identificadas como casos potenciales que requieren una revisión más profunda», afirmó Calvo en una conferencia de prensa el 20 de enero.
Para muchos cubanoamericanos, esta iniciativa representa un dilema desgarrador. Nilo León, de 74 años y residente en Hialeah, envía regularmente remesas, lámparas solares y alimentos a familiares en Cabaiguán. «Si es para terminar con el régimen, estoy de acuerdo. Nos fuimos hace mucho tiempo por eso», dijo en español. «Pero todavía tenemos que ayudar a nuestras familias. Si no lo hacemos, morirán«.
El movimiento ha unido a una coalición de funcionarios republicanos en la región, incluyendo a los alcaldes de Coral Gables y Doral, comisionados de Miami y el condado, y al Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández. Este último ya había iniciado acciones el año pasado contra negocios que, según él, comercian ilegalmente con el régimen cubano.
A nivel federal, los representantes republicanos Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y Maria Elvira Salazar pidieron en febrero al Departamento del Tesoro y al Comercio que revisen y revoquen las licencias estadounidenses que beneficien a entidades controladas por el régimen cubano.
Según la Oficina del Recaudador de Impuestos del condado, unas 1,400 empresas en Miami-Dade participan en comercio relacionado con Cuba. De ellas, aproximadamente 175 han recibido cartas solicitando una revisión de sus licencias. Hasta ahora, se revocaron inicialmente 20 licencias, pero 18 fueron reinstaladas tras presentar la documentación requerida.
Una de las empresas afectadas, Xael Charters, ha demandado a la oficina del Recaudador, argumentando que la revocación violó sus derechos de debido proceso y que su operación con Cuba está autorizada a nivel federal.
Giraldo Acosta, presidente de Cubamax, una empresa con cuatro ubicaciones en Hialeah que opera vuelos chárter diarios a la isla, defiende la legalidad de sus operaciones. «Todo lo que hacemos está completamente regulado», afirmó, señalando que alrededor del 98% de su negocio consiste en envíos de ayuda humanitaria.
Surge entonces una pregunta crucial: ¿Puede un gobierno local suspender una licencia por actividades autorizadas federalmente? Mientras el alcalde Calvo insiste en que la ley de Florida le da autoridad, expertos legales señalan que el poder municipal es limitado a menos que se demuestren violaciones a leyes estatales o locales.
Para residentes como Ada Echeverría, quien envía dinero y medicinas a sus familiares en Santa Clara, la posible interrupción de estos canales comerciales es aterradora. «Si de repente cierran los negocios que nos ayudan a enviarles cosas, ¿qué les pasaría a ellos?».
El Grupo de Trabajo de Hialeah avanzará en varias fases, incluyendo solicitudes de documentos, investigaciones y audiencias. Aunque no hay un cronograma definido, muchas empresas ya han comenzado a recibir notificaciones, marcando el inicio de un período de incertidumbre política y humanitaria en el corazón de la comunidad cubanoamericana.
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