Un profundo malestar se ha extendido por diversos estados de Estados Unidos, impulsado por la rápida construcción de centros de datos vinculados al boom de la inteligencia artificial. La oposición ciudadana ha alcanzado tal volumen que ya está modificando agendas legislativas, con propuestas que van desde moratorias locales hasta la eliminación de beneficios fiscales para la industria tecnológica.
En respuesta a esta presión, los legisladores están tomando cartas en el asunto. En Nueva York, la senadora estatal Liz Krueger y la asambleísta Anna Kelles presentaron un proyecto de ley que impondría una moratoria de tres años en la emisión de nuevos permisos para la construcción de centros de datos, mientras se estudian sus impactos ambientales y económicos.
Esta iniciativa se suma a otras medidas locales ya implementadas:
La resistencia política es transversal. En la conservadora Florida, el gobernador Ron DeSantis propuso una «declaración de derechos de la IA» que otorga a las comunidades el derecho a limitar nuevas construcciones. Mientras, en el liberal Vermont, el senador Bernie Sanders ha sugerido una moratoria a nivel nacional.
El debate se centra en tres frentes principales que generan rechazo en la ciudadanía:
La demanda masiva de electricidad por parte de estos centros está presionando las redes públicas. En Nueva York, 30 legisladores estatales pidieron a la gobernadora Kathy Hochul declarar una «emergencia energética» debido al aumento de tarifas, agravado por la construcción de data centers.
Como respuesta, gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, Meta y OpenAI han prometido pagar por sus adiciones a la red. Incluso se habla de construir una «red eléctrica privada» o «shadow grid» para alimentarlos. Un ejemplo problemático es el de xAI, la startup de Elon Musk, que construyó turbinas de gas metano en Memphis, Tennessee, y fue multada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por operar sin permisos de calidad del aire.
Más allá del consumo eléctrico, la oposición se nutre del impacto en el agua, la contaminación acústica y la tensión en la infraestructura local. Activistas han denunciado la descarga de «contaminantes que forman smog, hollín y productos químicos peligrosos» por parte de algunas instalaciones.
Durante años, los estados han atraído a estas empresas con exenciones fiscales lucrativas. Un análisis reveló que 42 estados ofrecen algún tipo de exención del impuesto sobre las ventas, con un costo de $6 mil millones en ingresos no percibidos en cinco años para 16 estados que reportaron datos.
Ahora, la tendencia se revierte. En Georgia, el senador estatal Matt Brass presentó un proyecto para eliminar la exención fiscal, argumentando que el clima empresarial del estado ya es atractivo por sí solo. En Ohio, legisladores demócratas proponen una medida similar. El senador estatal Kent Smith calificó el beneficio como «el descuento fiscal más ridículo que existe actualmente».
Mientras la resistencia crece, las principales empresas tecnológicas planean una expansión sin precedentes. Amazon, Google, Meta y Microsoft prevén gastar $650 mil millones en gastos de capital en el próximo año, destinados en su mayoría a la construcción de centros de datos.
La industria también está luchando por ganar corazones y mentes. Encuestas recientes muestran un público dividido: un sondeo de Echelon Insights encontró que un 46% se opondría a un data center en su comunidad, frente a un 35% a favor. En respuesta, los operadores planean una «ofensiva de lobby» y campañas publicitarias dirigidas a las comunidades afectadas.
Dan Diorio, de la Data Center Coalition, defiende que estos centros aportan ingresos sin forzar los limitados recursos comunitarios, y cuestiona si limitar su construcción no privará a esas comunidades de un beneficio significativo.
El choque entre el imparable avance tecnológico y la creciente conciencia comunitaria sobre sus costos marca un punto de inflexión en la era de la IA. El resultado de esta pugna, entre moratorias, protestas y gigantescos presupuestos, definirá no solo el paisaje energético de EE.UU., sino también la relación futura entre la tecnología y las comunidades donde se asienta.
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