Las señales de que la inteligencia artificial podría causar un desplazamiento masivo de puestos de trabajo se acumulan en Estados Unidos: los anuncios de empleo para nivel inicial han caído un 35% desde 2023, despidos masivos han barrido Big Tech y hasta los propios líderes de la IA advierten sobre lo que se avecina.
Tras bambalinas en el Axios AI Summit en Washington, el senador Mark Warner (D-VA) reveló conversaciones alarmantes. Un capitalista de riesgo le confesó que está «reduciendo a cero sus inversiones en software» debido a los avances de Anthropic’s Claude, mientras un gran bufete de abogados «ya no contrata asociados de primer año» porque la IA maneja gran parte del trabajo que antes hacían los juniors.
Warner describe el miedo a la pérdida de empleos por la IA como «palpable». Mientras crece este temor, se traslada a otra batalla: ¿quién debe pagar los costos de esta transición?
El senador tiene una idea: gravar los data centers que impulsan el boom de la IA y utilizar esos ingresos para ayudar a los trabajadores afectados. Aún no ha presentado legislación, pero la urgencia aumenta conforme crece el enfado público hacia la IA y su infraestructura.
“He pensado durante mucho tiempo que hay una obligación de la industria de ayudar a resolver esto y ayudar a pagarlo”, dijo Warner. “¿Quién debería pagar? ¿Los fabricantes de chips, los modelos de lenguaje, los usuarios finales? Al final, el lugar más fácil para extraer la libra de carne probablemente serán los centros de datos”.
En todo el país, hay un rechazo creciente a los data centers. Preocupaciones por el ruido, la contaminación y el aumento en los costos de electricidad son la superficie. Burbujea un resentimiento más profundo: la resistencia a sufrir los efectos negativos de albergar una infraestructura que alimenta la tecnología que podría reemplazar a los trabajadores.
Este miércoles, los senadores Bernie Sanders (D-VT) y Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) presentaron un proyecto de ley para una moratoria en la construcción de nuevos data centers. Warner, sin embargo, no planea apoyarlo: “Una moratoria simplemente significa que China se moverá más rápido, y en esto no podemos perder”, afirmó.
Warner ve un precedente en Henrico County, Virginia, donde los ingresos fiscales de un data center local se usaron para impulsar un nuevo proyecto de vivienda asequible. Para él, conectar los data centers con un beneficio tangible para la comunidad es esencial; de lo contrario, “van a salir las horcas”.
El clima público le da la razón. Según una encuesta reciente de NBC News, la IA tiene una aprobación pública más baja que la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE): el 46% de los votantes registrados la ve negativamente, frente a solo un 26% positiva. En Virginia, esto se traduce en una propuesta para repechar los beneficios fiscales a los data centers, que cuestan al estado y localidades casi $2 mil millones al año en ingresos perdidos. Warner advierte que otros estados podrían seguir el ejemplo.
La inteligencia artificial y sus centros de datos, concluyó el senador, son “fáciles de demonizar”. Su propuesta busca equilibrar la necesidad imperiosa de construir esta infraestructura con una obligación hacia las comunidades que cargan con sus costos, usando los impuestos para financiar, por ejemplo, formación de nuevos enfermeros o programas de capacitación en IA.
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