El informe filtrado del gran jurado de Florida concluyó que la administración del gobernador Ron DeSantis hizo un uso indebido de $10 millones de fondos de los contribuyentes. Aunque no se recomendaron cargos penales contra ninguna persona, el documento señala que el estado creó un acuerdo de Medicaid para “eludir” las leyes que regulan cómo deben usarse esos dólares.
Ese acuerdo de conciliación entregó el dinero a la Fundación Hope Florida. Según el informe, los fondos terminaron en un comité político contra la marihuana controlado por el entonces jefe de Gabinete de DeSantis, James Uthmeier, y formaron parte de una campaña publicitaria multimillonaria contra dos enmiendas constitucionales.
“La Legislatura de Florida debería promulgar una ley para evitar que esta situación se repita”, concluyeron los jurados, lo que incluye establecer “consecuencias reales” para los funcionarios que infrinjan la ley.
Cualquier acción quedará en manos de los próximos líderes legislativos: el senador republicano Jim Boyd y el representante Sam Garrison, designado para presidir la Cámara. Garrison dijo que la transparencia es “no negociable” y recordó que la Cámara ya realizó una investigación sobre Hope Florida, que ahora está cerrada.
“En la medida en que las leyes del estado deban fortalecerse para garantizar que los representantes elegidos por el pueblo conserven el poder del presupuesto, la Cámara ha demostrado que estamos listos y dispuestos a hacerlo”, afirmó Garrison.
El informe del gran jurado planteó dos caminos legislativos: exigir que los dineros de futuros acuerdos se depositen en el fondo general de ingresos, o crear restricciones más duras para que organizaciones de apoyo directo como la Fundación Hope Florida utilicen dólares de los contribuyentes.
La oficina de Jim Boyd no se refirió directamente a Hope Florida en una declaración posterior, pero se comprometió a “luchar por cada dólar de impuestos ganado con esfuerzo”.
El senador Don Gaetz, republicano de Pensacola, expresidente del Senado y presidente del comité de ética de esa cámara, anunció que planea presentar una medida “integral” para responder a las recomendaciones del gran jurado. Gaetz indicó que está dialogando con demócratas y con líderes del Senado.
“Mi esperanza es que sea bipartidista”, sostuvo.
El hijo de Gaetz, el exprepresentante federal Matt Gaetz, también criticó a la administración de DeSantis en redes sociales después de la filtración del informe.
En una conferencia de prensa, el gobernador DeSantis dijo que el hecho de que los legisladores estén considerando cambiar la ley demuestra que su administración no hizo nada malo. Según DeSantis, todo lo que se hizo estaba permitido por las leyes vigentes.
Aunque el gran jurado se centró en el dinero canalizado a través de Hope Florida, otras revisiones han revelado que la administración también desvió más fondos públicos a causas políticas, incluidos al menos $35 millones de dinero de los contribuyentes, con partidas para el bienestar infantil. Tras esos señalamientos, la supermayoría republicana de Florida prohibió el uso de fondos estatales para defender u oponerse a enmiendas constitucionales.
Tanto el nominado republicano como el demócrata para la gobernación de Florida se mostraron abiertos a reformar la ley.
El representante federal Byron Donalds, nominado republicano, quien tuvo una relación tensa con DeSantis durante las primarias, calificó los hallazgos de “muy preocupantes” y señaló que la prioridad es definir si la ley se cambiará para evitar otra situación similar. Donalds dijo que no considera necesarias más investigaciones sobre el flujo de dinero en la Fundación Hope Florida, sino “reestructurar” el sistema: revisar cómo se gasta el dinero, quién puede firmar contratos y asegurarse de que la Legislatura sepa cómo se mueven esos dólares.
El nominado demócrata David Jolly afirmó que le gustaría trabajar con Don Gaetz en una reforma legislativa y se mostró a favor de que la Legislatura retome de inmediato las recomendaciones del informe.
“El informe del gran jurado, de manera muy inusual, recomendó soluciones legislativas al problema que identificaron. Creo que la Legislatura debería retomarlo de inmediato”, expresó Jolly.
La próxima sesión legislativa ordinaria de Florida está programada para comenzar el 2 de marzo.
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