Hope Florida fue presentada en 2021 como una iniciativa destinada a reducir la dependencia de la asistencia estatal. Sin embargo, el escándalo que rodea al programa volvió a tomar fuerza después de que un informe del gran jurado se filtrara a la opinión pública. Las consecuencias alcanzan a altos funcionarios y han sacudido la política de Florida.
En 2024, Hope Florida y una fundación afiliada quedaron en el centro de una de las batallas políticas más encarnizadas del estado. Ese año, el estado ordenó a la compañía de Medicaid Centene pagar $10 millones a la Hope Florida Foundation como parte de un acuerdo relacionado con denuncias de sobrefacturación. La mayor parte de ese dinero terminó en un comité político creado para derrotar una propuesta de marihuana recreativa, controlado por James Uthmeier, entonces jefe de gabinete del gobernador Ron DeSantis.
La revelación del dinero del acuerdo de Medicaid provocó investigaciones legislativas, renuncias y una investigación del gran jurado. Una investigación posterior encontró que los $10 millones eran solo una parte del gasto estatal: el estado habría destinado alrededor de $35 millones en dinero de los contribuyentes para anuncios contra dos enmiendas a las que DeSantis se oponía.
El flujo del dinero a través de la Hope Florida Foundation despertó el interés del fiscal estatal del condado de Leon, que convocó a un gran jurado. En octubre, el jurado escuchó a testigos, incluidos altos funcionarios del gobierno. El informe se completó en enero, aunque no se publicó de inmediato porque la ley estatal lo protegía y cualquier persona nombrada en el documento podía solicitar que se mantuviera en secreto.
El gran jurado no presentó cargos penales porque, según su propio análisis, ninguno de los entrevistados quiso asumir la responsabilidad por la decisión de transferir los $10 millones. Aun así, dejó una conclusión contundente:
“Se puede ver claramente que el dinero de los contribuyentes fue mal utilizado para fines políticos”.
Tanto demócratas como republicanos han criticado a la administración de Ron DeSantis por esos hallazgos. Los legisladores evalúan cambios y algunos han pedido audiencias de destitución contra Uthmeier.
Antes de que el gran jurado se reuniera, la Cámara de Representantes de Florida inició su propia pesquisa, liderada por el republicano Alex Andrade, presidente del subcomité de Presupuesto de Salud. Andrade sostuvo que creía que Uthmeier y Jeff Aaron, abogado de la fundación, habían cometido actos criminales. Según el informe del gran jurado, Andrade también fue entrevistado en esa instancia.
Durante las audiencias, el equipo de DeSantis atacó repetidamente a Andrade por su papel en la investigación. Andrade interrogó a personas involucradas en la transferencia de fondos, entre ellas a Joshua Hay, entonces presidente de la fundación. Hay reconoció que “se cometieron errores” y que la organización benéfica no llevaba actas, no tenía presupuesto ni presentaba declaraciones de impuestos.
El comité de Andrade también entrevistó a los máximos responsables del Departamento de Niños y Familias (DCF) y de la Agencia para la Administración de Atención Médica (AHCA).
Una de las consecuencias más visibles fue el retraso de varias nominaciones de alto nivel. El presidente Donald Trump nominó a John Guard, entonces subprocurador general de Florida, como juez del Tribunal de Distrito Medio de Florida. Guard firmó el acuerdo con Centene que incluía enviar $10 millones a la Hope Florida Foundation, y fue entrevistado por el gran jurado mientras esperaba la confirmación. Guard dijo al gran jurado que Moody lo había autorizado a firmar el acuerdo.
La nominación quedó estancada. Según reportes, la administración de Trump frenó el proceso para evitar el escándalo. En enero de este año, DeSantis nombró a Guard juez del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Florida.
En 2025, el Senado de Florida no tomó las confirmaciones de dos jefes de agencia vinculados a Hope Florida: Taylor Hatch, del DCF, y Shevaun Harris, de la AHCA. El senador Don Gaetz, quien lideraba el comité encargado de esas confirmaciones, dijo que se quedaron sin tiempo para una revisión adecuada y que la decisión no estaba directamente relacionada con Hope Florida. Ambos fueron confirmados este año.
Hope Florida era el proyecto insignia de la primera dama Casey DeSantis. A principios de 2025, el gobernador insinuó que le gustaría ver a su esposa en su lugar cuando dejara el cargo. Cuando DeSantis rechazó la opción de Trump para la próxima gobernación, el representante Byron Donalds, elogió a la primera dama y dijo que le iría mejor que a él en una elección. Además, importantes donantes le pedían que entrara en la contienda.
Sin embargo, a medida que la Cámara investigaba Hope Florida, lo que podría haber sido su principal plataforma de campaña se volvió tóxico. Durante la pesquisa, DeSantis insinuó que los republicanos investigaban el programa porque la primera dama podría postularse:
“Mucha gente se siente amenazada por la primera dama. Seamos claros al respecto”.
Finalmente, Casey DeSantis no se postuló. Donalds ganó la primaria republicana y ahora es el nominado del partido, con el respaldo de DeSantis tras imponerse en la contienda.
El escándalo también transformó la estructura de la fundación. Desde entonces, casi todos los miembros de su junta directiva han sido reemplazados. En septiembre de 2025, el DCF decidió no renovar a Hay como presidente de la junta, y tampoco renovó los mandatos de otros dos miembros. Ambos habían solicitado más información sobre la legalidad de la transferencia de los $10 millones durante una reunión previa.
El director ejecutivo de Hope Florida, Erik Dellenback, renunció en abril de 2025 para ocupar otro empleo. La organización Save Our Society from Drugs, que recibió una subvención de Hope Florida y después envió el dinero al comité político de Uthmeier, también sufrió las consecuencias: su presidente de junta renunció en 2025 al señalar que el grupo no había informado a la junta sobre el dinero.
En el plano presupuestario, los legisladores comenzaron a reducir los recursos del programa. En 2025, los líderes legislativos acordaron no financiar una línea telefónica de Hope Florida ni los cuatro puestos nuevos en la oficina del gobernador para crear una oficina de Hope Florida. La administración de DeSantis también retiró sus intentos de ampliar el programa dentro del gobierno estatal.
De cara a la sesión de 2026, ninguna agencia estatal pidió más dinero para las iniciativas de Hope Florida. Es la primera vez que las agencias estatales no solicitan fondos adicionales desde que el proyecto se lanzó en 2021, una señal de hasta qué punto el escándalo sigue pesando sobre la política de Florida.
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