Un gran jurado del condado de Leon concluyó que la administración del gobernador Ron DeSantis desvió $10 millones de fondos de los contribuyentes para financiar actividades políticas. El dinero provenía de un acuerdo de $67 millones con la contratista de salud Centene, que había facturado de más al estado por medicamentos.
El documento, que permanecía sellado y fue revelado el miércoles por la noche, detalla cómo el dinero fue a parar al Partido Republicano de Florida y a dos comités de acción política controlados por el jefe de gabinete del gobernador.
“Si bien no podemos probar quién es responsable, podemos ver claramente que el dinero de los contribuyentes fue mal utilizado con fines políticos”, concluyó el gran jurado.
El gran jurado comenzó su trabajo en agosto del año pasado, después de meses de reportajes y de una investigación de la Cámara de Representantes de Florida por las acciones de altos asesores de DeSantis para acelerar el acuerdo con Centene.
En septiembre, funcionarios y abogados modificaron el acuerdo para separar $10 millones y canalizarlos hacia la Hope Florida Foundation, una organización creada por la administración DeSantis para apoyar el programa de la primera dama. La fundación entregó el dinero a dos organizaciones sin fines de lucro: Secure Florida’s Future y Save Our Society from Drugs. Esas organizaciones donaron la mayor parte a un comité político controlado por James Uthmeier, jefe de gabinete del gobernador, y el dinero se usó en 2024 para derrotar la Enmienda 3, que buscaba legalizar la marihuana recreativa en Florida.
El informe describe la decisión de destinar los $10 millones a Hope Florida como “la apropiación indebida original” y analizó “la lógica, o la falta de ella”, para justificar el movimiento del dinero.
“¿Por qué se cambió el acuerdo original? ¿Quién hizo ese cambio? ¿El gasto de los $10 millones constituyó una conducta criminal o irregular por parte de los funcionarios públicos involucrados?”, preguntó el informe.
El gran jurado encontró varias irregularidades en el manejo del dinero:
A los jurados se les dijo que Hope Florida fue elegida porque el acuerdo con Centene era una compensación por “robar a niños pobres y enfermos”, y que la misión de la fundación estaba alineada con servir a esos niños. Sin embargo, el dinero solo permaneció en la cuenta de Hope Florida un par de días.
“No vemos la conexión entre Hope Florida y el acuerdo con Centene, e incluso si existiera, quedó en nada porque el dinero solo permaneció en la cuenta de Hope Florida un par de días”, escribió el gran jurado.
El reporte incluyó testimonios y evaluaciones sobre varios funcionarios vinculados al caso:
| Persona | Rol o cargo | Hallazgo del informe |
|---|---|---|
| James Uthmeier | Jefe de gabinete del gobernador y luego fiscal general | Su comité Keep Florida Clean fue el principal receptor de los fondos; no fue entrevistado. |
| John Guard | Vicefiscal general adjunto en ese momento | Firmó el acuerdo sin garantizar la correcta apropiación del dinero público; hoy es juez designado por el gobernador. |
| Cassandra Pasley | Jefa de gabinete del Departamento de Salud de Florida | También firmó el acuerdo sin hacer la debida diligencia. |
| Joshua Hay | Expresidente de la Hope Florida Foundation | Recibió una donación única 100 veces mayor que cualquier otra anterior; su testimonio fue creíble. |
| Jeff Aaron | Abogado que asesoraba a la fundación | Su testimonio no fue creíble; el informe señaló que tenía una relación personal y profesional con Uthmeier y DeSantis, y dijo no estar al tanto del acuerdo con Centene. |
| Katie Strickland | Subjefa de gabinete del gobernador | Reportaba directamente a Uthmeier y fue “la menos informativa”; apenas recordaba detalles del acuerdo. |
| Jason Weida | Director de la Agencia para la Administración de Atención Médica (AHCA) y negociador del acuerdo | El informe desestimó varias de sus explicaciones; hoy es jefe de gabinete del gobernador. |
El informe explicó que no hubo cargos porque ningún testigo asumió la responsabilidad de la decisión de enviar los $10 millones a Hope Florida. “Nadie tenía memoria” de quién tomó esa determinación. Además, el gran jurado señaló que casi todos los involucrados eran abogados y actuaron por consejo de otros abogados.
“Reconocemos que esto sería un obstáculo para el enjuiciamiento penal”, indicó el informe.
El reporte también determinó que los $67 millones completos eran dinero de los contribuyentes, desestimando el argumento de que los últimos $10 millones eran solo un “extra”. Esos fondos, agregó el gran jurado, se debían devolver al estado como parte de los daños.
El informe señala que Uthmeier estaba en una posición de autoridad sobre los involucrados y tuvo participación en dirigir el dinero después de que llegara a Hope Florida. Mensajes de texto muestran que alentó a una de las organizaciones que recibió $5 millones a solicitarlo.
Según el informe, las dos organizaciones recibieron $5 millones cada una. Secure Florida’s Future, una organización de bienestar social afiliada a la Cámara de Comercio de Florida, dijo que usaría el dinero para “aumentar el conocimiento de los esfuerzos de Hope Florida dentro del sector privado utilizando un enfoque basado en datos” y para “reclutar socios comerciales”. Save Our Society from Drugs dijo que los fondos apoyarían “la prevención del consumo de drogas, el acceso a la atención y la promoción de la recuperación” para familias de Florida.
El gran jurado determinó que ambas organizaciones tergiversaron en sus solicitudes cómo pretendían usar el dinero, y concluyó que los fondos fueron malversados “como parte de un esquema sofisticado para financiar actividades políticas”.
El caso deja en evidencia la necesidad de cambios para evitar que el dinero de los contribuyentes vuelva a ser usado con fines políticos.
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