Un gran jurado en Florida intentó determinar cómo fondos de los contribuyentes llegaron a las arcas de un comité político dirigido por el fiscal general James Uthmeier, pero lo hizo sin preguntarle directamente a él. El informe del gran jurado menciona al funcionario 17 veces y revela un complejo entramado que desvió $10 millones destinados a niños necesitados hacia anuncios políticos.
El gran jurado sostuvo que Uthmeier estaba “en una posición de autoridad sobre los involucrados” en el redireccionamiento de los fondos. El dinero fue canalizado a través de la organización benéfica estatal Hope Florida. Según el informe, el comité de acción política Keep Florida Clean, operado por Uthmeier, fue el principal receptor de la mayor parte de los $10 millones.
“El testimonio también reveló que Keep Florida Clean, de Uthmeier, fue el principal receptor de la mayor parte de los $10 millones de fondos de los contribuyentes. En última instancia, el dinero se utilizó para presionar en contra de una iniciativa de legalización de la marihuana conocida como Enmienda 3 y fue enviado al Partido Republicano de Florida”, señala el informe.
El documento califica lo ocurrido como un “esquema sofisticado para financiar actividades políticas” con dinero de los contribuyentes proveniente de un acuerdo de Medicaid de $67 millones.
A pesar de ser identificado como figura central, Uthmeier no figuró como testigo. Expertos consultados consideran que su ausencia podría indicar que era el objetivo de la investigación, algo que el fiscal general ha negado. El exfiscal estatal del condado de Palm Beach, Dave Aronberg, dijo que probablemente no fue llamado para evitar tener que ofrecerle inmunidad.
“Si los fiscales ven a alguien como un sujeto central o un posible objetivo de una investigación, normalmente no lo citan a testificar ante un gran jurado. Hacerlo casi siempre resulta en que el testigo invoque su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación, algo que un fiscal no puede forzar ante un gran jurado sin ofrecer inmunidad”, explicó Aronberg.
Por su parte, Bruce Udolf, abogado defensor penal y exjefe de la sección de corrupción pública de la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida, coincidió en que si Uthmeier hubiera sido citado, habría recibido inmunidad, algo que el gran jurado aparentemente no quiso otorgarle.
“Podría ser, como cuestión práctica, que no estén preparados para conceder a ese funcionario público una inmunidad porque creen que él o ella puede ser el objetivo final. ¿Por qué no traer a alguien? Esa es una de las razones”, dijo Udolf.
Uthmeier ha mantenido que no hizo nada incorrecto y, en abril, ante periodistas en Miami, aseguró que “no había sido un sospechoso ni un objetivo” de los procedimientos del gran jurado. Su subjefe de personal, Jeremy Redfern, calificó de “especulación” la conclusión de que su falta de testimonio lo señala como objetivo.
“A James le dijeron en múltiples ocasiones que nunca fue un objetivo de ninguna investigación en ningún momento, ya que no fue firmante del acuerdo legal en cuestión, un acuerdo que era perfectamente legal”, dijo Redfern.
Redfern no respondió a las preguntas sobre quién le dijo a Uthmeier que no era objetivo. La exfiscal de Miami-Dade Melba Pearson, actual directora de Prosecution Projects de la Universidad Internacional de Florida, consideró que el hecho de que Uthmeier no testificara fue “un problema”. Para Pearson, el resultado fue un gran jurado con información limitada.
“Si no traes todos los ingredientes, es difícil acusar a un sándwich de jamón sin jamón… No puedes decirme que no hay alguien en el estado de Florida que conozca la cronología de esto”, señaló Pearson.
La oficina del fiscal estatal del condado de Leon, que conformó el gran jurado, no respondió a una solicitud de comentario. Uthmeier y el gobernador Ron DeSantis han descartado durante mucho tiempo las investigaciones sobre el flujo de dólares públicos hacia anuncios políticos como una “farsa” y un “nothingburger”.
En sus apariciones públicas del miércoles, ambos destacaron que el jurado no presentó cargos penales. El informe atribuye en gran medida esa falta de cargos a la incapacidad de conseguir que los testigos asumieran la responsabilidad de la decisión inicial de redirigir los fondos del acuerdo a la Fundación Hope Florida, creada por el estado, o de identificar quién lo hizo.
“A pesar de nuestra conclusión de que el dinero fue mal utilizado, no encontramos pruebas suficientes para acusar a nadie penalmente”, escribió el gran jurado. “Nadie quiso asumir la responsabilidad de la decisión de que los $10 millones de dinero de los contribuyentes fueran a Hope Florida. Esta decisión fue la apropiación indebida original, y ningún testigo quiso asumir la responsabilidad de haberla tomado ni recordó quién la tomó”.
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