Un gran jurado estatal determinó que la administración del gobernador Ron DeSantis hizo un uso indebido del dinero de los contribuyentes al desviar $10 millones de un acuerdo con la aseguradora de salud Centene hacia la Hope Florida Foundation. Según una copia del informe bajo sello, la transferencia formó parte de una “sofisticada trama para financiar actividades políticas”.
El dinero, que debía servir para proporcionar seguro médico a niños de bajos recursos, fue pasado rápidamente por varias organizaciones. A la postre, los fondos terminaron en las cuentas bancarias de dos comités de acción política y del Partido Republicano de Florida. En 2024, esos recursos se usaron para derrotar la Enmienda 3, la iniciativa ciudadana que buscaba legalizar la marihuana en Florida.
“A pesar de nuestro hallazgo de que el dinero fue malversado, encontramos pruebas insuficientes para acusar penalmente a nadie”, concluyó el informe. “Nadie va a asumir la responsabilidad por la decisión de que $10 millones de dinero de los contribuyentes fueran a Hope Florida… ni nadie recordaba quién la tomó”.
El propio gran jurado reconoció que esa falta de responsabilidad clara era un obstáculo para el enjuiciamiento penal, pero insistió en que el dinero de los contribuyentes fue utilizado indebidamente con fines políticos y pidió cambios para evitar que vuelva a ocurrir.
El gran jurado identificó como centro de gran parte de la actividad alrededor de la transferencia al actual fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien en ese momento era jefe de Gabinete del gobernador.
Ni DeSantis, ni Moody, ni Uthmeier fueron llamados a declarar ante el gran jurado en Tallahassee.
En 2021, Florida descubrió que Centene había estado cobrando de más al estado por medicamentos recetados bajo el programa Florida Healthy Kids. Florida no fue el único estado afectado: al menos otros 20 estados fueron sobrefacturados por casi mil millones de dólares. La parte correspondiente a Florida se calculó en $67,048,611.
En 2021, Ohio y Mississippi anunciaron acuerdos de $88 millones y $55 millones, respectivamente. En 2023, Indiana recibió $66.5 millones, Massachusetts $14 millones y California $215 millones. Mientras tanto, Florida no avanzaba en su reclamo, pese a que Centene pidió resolver el caso.
Un borrador del acuerdo de conciliación fue enviado a funcionarios de Florida el 14 de julio de 2021, con la oferta de devolver los $67 millones. No se sabe por qué la administración DeSantis dejó pasar tres años sin resolverlo. Recién a principios de septiembre de 2024, funcionarios estatales contactaron a Centene para resolver la disputa de inmediato, pero con una nueva condición.
| Fecha | Hito |
|---|---|
| 2021 | Florida detecta la sobrefacturación de Centene por $67,048,611. |
| 14 de julio de 2021 | Centene envía un borrador para devolver los $67 millones. |
| 12 de septiembre de 2024 | El acuerdo se modifica: $62 millones al estado y $5 millones a Hope Florida. |
| 13 de septiembre de 2024 | El acuerdo cambia de nuevo: $57 millones al estado y $10 millones a Hope Florida, sin dar explicación. |
| 26 de septiembre de 2024 | El huracán Helene toca tierra; un día después se firma el acuerdo. |
| 4 de octubre de 2024 | Centene transfiere los $10 millones a la Hope Florida Foundation. |
| 22 de octubre de 2024 | Se transfieren los $5 millones a Save Our Society from Drugs. |
Los abogados de Centene exigieron que el acuerdo incluyera un texto que dejara claro que la compañía seguía instrucciones de la fiscal general de Florida para enviar el dinero a Hope Florida. Ashley Moody, sin embargo, no quería asumir esa responsabilidad.
Según el informe, John Guard dijo que tenía “reservas” sobre el trato y coincidía en que el dinero pertenecía al estado de Florida. También advirtió que la Legislatura podría ver el acuerdo como una restricción a su autoridad de gasto. Para resolver esas preocupaciones, el acuerdo fue reescrito: ya no sería la fiscal general quien ordenara el envío, sino la Agencia para la Administración de Atención Médica (AHCA).
El gran jurado señaló que, después de consultar a Ashley Moody, ella autorizó a Guard a firmar el acuerdo en su forma final. Guard dijo luego que se enteró de que el dinero de Hope Florida había sido movido a comités políticos meses después del acuerdo, al ver una audiencia legislativa o por una llamada del representante estatal Alex Andrade, quien expuso el desvío.
El 26 de septiembre de 2024, el huracán Helene golpeó la costa noroeste de Florida, mató al menos a 18 personas y causó daños por casi $14 mil millones. Al día siguiente, Cassandra Pasley, jefa de Gabinete del Departamento de Salud de Florida, trabajaba en el Centro de Operaciones de Emergencia cuando fue llevada aparte por Katie Strickland, jefa de Gabinete del gobernador a cargo de las agencias de salud, y se le pidió firmar el acuerdo.
Pasley declaró que nunca había visto el acuerdo y que no sabía que se estaba negociando. Aun así, lo firmó esa noche. También firmó el comisionado de Seguros de Florida, Michael Yaworsky, quien dijo que la cláusula de los $10 millones le pareció “atípica”, pero quedó conforme al saber que la oficina de la fiscal general lo había aprobado.
El gran jurado también consideró sospechoso el calendario de pagos: el estado exigió que Centene transfiriera los $10 millones a Hope Florida en un plazo de siete días, mientras que el resto de los $57 millones podía pagarse durante más de un año. “Creemos que la prisa se debió a las elecciones que estaban a solo 45 días”, señaló el informe. A diferencia de otros estados, no hubo comunicado de prensa ni notificación a la Legislatura sobre el acuerdo.
El 4 de octubre de 2024, Centene transfirió los $10 millones a la cuenta bancaria de la Hope Florida Foundation. El presidente de la fundación en ese momento, Joshua Hay, dijo que la donación más grande que habían recibido antes era de $100,000. Se enteró de la transferencia por el abogado de la fundación, Jeff Aaron, cercano a DeSantis y a Uthmeier.
Hay declaró que pronto supo que no tendría el dinero por mucho tiempo, porque estaban por llegar dos propuestas de subvención de $5 millones cada una. La junta aprobó la primera por unanimidad y Hay aprobó la segunda por su cuenta. En menos de 25 días, el dinero de los contribuyentes ya no estaba en la fundación.
Hay dijo que probablemente fue mejor no retener el dinero, porque la fundación “carecía de la infraestructura para hacer llegar los fondos de manera eficaz a quienes lo necesitaban”. También declaró: “El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”.
El gran jurado concluyó que nunca tuvo sentido que la fundación recibiera ese dinero. Algunos testigos la describieron como “solo un concepto”, sin una idea clara de qué hacía, dónde estaba o cómo operaba.
El 9 de octubre de 2024, el huracán Milton golpeó Florida, dejó 12 muertos, a 3 millones de personas sin electricidad y causó daños por decenas de miles de millones de dólares. Dos días después, en medio de la crisis, Uthmeier contactó por teléfono y mensajes a Amy Ronshausen, directora ejecutiva de Save Our Society from Drugs, y le dijo que solicitara una subvención a la Hope Florida Foundation.
El gran jurado señaló que tanto Wilson como Ronshausen “tergiversaron” el propósito de los fondos en sus solicitudes: ambas indicaron que el dinero no sería usado con fines políticos, pero casi de inmediato fue transferido al comité de acción política.
Según un contador forense que analizó los registros bancarios, el PAC de Uthmeier recibió en total $8.5 millones de ambas organizaciones. Luego envió $7 millones al Partido Republicano de Florida y $1.23 millones a otro PAC que presidía, el Florida Freedom Fund.
En una conferencia de prensa, DeSantis dijo: “No participé en el acuerdo de conciliación, pero estoy muy contento con cómo se hizo todo”, y calificó el asunto como un “engaño”. Hasta ahora ha evitado responder qué sabía sobre el desvío y quién tomó la decisión de enviar los $10 millones a Hope Florida.
Ashley Moody, designada al Senado de Estados Unidos en 2025 por DeSantis, se ha negado a comentar sobre Hope Florida. Se presenta a reelección en noviembre. James Uthmeier, quien también aspira a un cargo en las elecciones de noviembre, calificó el caso como un “big nothingburger” y dijo que no ha sido acusado ni es sospechoso: “Nadie hizo nada malo aquí”.
El senador Rick Scott publicó en diciembre que “millones en dólares de impuestos para niños pobres no tienen por qué financiar anuncios políticos”. En enero de 2026, John Guard retiró su nominación al tribunal federal y DeSantis lo nombró juez de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Florida.
El informe del gran jurado fue presentado bajo sello en la oficina del secretario del condado de León el 28 de enero. Una fuente familiarizada con la investigación dijo que varias personas mencionadas en el informe, incluido Uthmeier, han bloqueado su publicación durante los últimos siete meses mediante procedimientos judiciales cerrados. La Florida Center for Government Accountability presentó una solicitud para intervenir y pedir la publicación del informe, pero su solicitud sigue pendiente.
El gran jurado pidió a la Legislatura de Florida actuar de inmediato para evitar que vuelva a ocurrir un caso similar.
El informe concluyó que los $10 millones eran dinero de los contribuyentes y debieron tratarse como tal, “en lugar de ser asignados para fines político-partidistas y sin transparencia”.
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