Dos meses después de que la Corte Suprema avalara el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, la economía de South Florida -hogar de la mayor población venezolana en EE.UU.- enfrenta presiones sin precedentes. Empresarios como Mario J. Benedetti, dueño de concesionarios de autos, expresan su angustia: «¿Cómo decirle a un empleado que debe volver a Venezuela? Vinieron por necesidad».
Benedetti, empleador de 100 venezolanos, asume el «peso económico» de ayudar a su personal a regularizar su estatus. La Cámara de Comercio Venezolana-Estadounidense revela datos contundentes:
«70,000 negocios venezolanos contribuyen $63 mil millones anuales a la economía de EE.UU.»
Alexander Rueda de PANNA confirma el efecto dominó: «Los consumidores destinan sus presupuestos a procesos migratorios, no a salidas».
En «Doralzuela» -40% población venezolana- la alcaldesa Christi Fraga alerta:
El concejal Rafael Pineyro enfatiza: «Venezuela no ha mejorado, ha retrocedido. El régimen es más opresor que nunca».
Según el economista Michael Clemens, los venezolanos con TPS trabajan principalmente en:
Multinacionales como Disney ya despidieron 45 empleados venezolanos tras la decisión judicial.
Con 350,000 personas perdiendo protección inmediata y 257,000 más en riesgo a partir del 10 de septiembre, la batalla legal continúa en cortes federales. Para muchos, como el dueño de una panadería en Doral con asilo pendiente desde 2018, «la promesa de estabilidad desaparece… y con ella, el sueño americano».
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