Caso republicano desafía normas de gasto coordinado
La Corte Suprema de Estados Unidos acordó este lunes 30 de junio de 2025 revisar un desafío republicano a los límites de financiamiento de campañas para gastos coordinados entre candidatos y partidos políticos. Esta decisión podría transformar radicalmente el panorama electoral previo a las elecciones de medio término de 2026.

Impacto potencial en financiamiento político
Un fallo favorable a los demandantes republicanos representaría la mayor victoria del Partido Republicano en financiamiento electoral desde el caso Citizens United de 2010. Cambiaría fundamentalmente cómo los comités partidistas gastan decenas de millones de dólares cada ciclo electoral, especialmente en publicidad televisiva.
Actualmente existen límites estrictos al gasto coordinado:
- Elecciones a la Cámara: $63,600 a $127,200
- Elecciones al Senado: $127,200 a $3,946,100
Partes involucradas y argumentos
El caso fue presentado en 2023 por los comités de campaña republicanos (NRSC y NRCC) junto al entonces senador JD Vance, quienes argumentan que las restricciones violan la Primera Enmienda.
El Departamento de Justicia tomó la inusual decisión de no defender la constitucionalidad de la ley actual. El procurador general D. John Sauer declaró en junio que estas disposiciones «violan los derechos fundamentales de la Primera Enmienda».
Reacciones y oposición
Los líderes republicanos Tim Scott y Richard Hudson celebraron la decisión judicial, afirmando que «el apoyo coordinado sigue siendo parte crítica de las campañas exitosas».
Los demócratas se oponen firmemente, advirtiendo que eliminar los límites beneficiaría desproporcionadamente a los republicanos al otorgar más poder a grandes donantes. La Corte permitió que los comités demócratas (DNC, DSCC y DCCC) se unieran al caso en oposición.
Precedentes históricos
Expertos legales señalan que existe un precedente de 2001 donde la Corte encontró «poca evidencia» de que estos límites frustraran los derechos de los partidos. Sin embargo, la composición actual del tribunal es diferente, con el juez Clarence Thomas como único miembro restante de aquel fallo, quien entonces disintió argumentando que las restricciones «interfieren con la relación partido-candidato».