Acusaciones de Financiamiento Ilegal de Campaña Envuelven a Congresista y PetroGaz-Haiti

Escándalo Ético: Congresista de Florida Acusada de Esquema con Dinero Petrolero Haitiano

La congresista demócrata por el sur de Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, quien ya enfrenta cargos criminales por usar fondos de auxilio COVID robados para ganar su escaño, ahora se enfrenta a acusaciones en Washington de un esquema separado de financiamiento de campaña que involucra a «compañías fantasma», alcaldes locales y cientos de miles de dólares provenientes de una petrolera haitiana.

Las Acusaciones del Comité de Ética de la Cámara

Un informe del Comité de Ética de la Cámara detalla que el equipo y la familia de la congresista solicitaron más de $800,000 de la compañía petrolera PetroGaz-Haiti S.A. para impulsar secretamente su campaña de reelección en 2022. El comité escribió que la petrolera canalizó «contribuciones corporativas impermisibles» a Cherfilus-McCormick, y que los asesores más cercanos de la congresista y su esposo establecieron «compañías fantasma para ocultar la fuente de los fondos».

La Conexión con el Dinero del Gobierno Haitiano

El informe, publicado después de más de dos docenas de entrevistas a testigos y una revisión de 33,000 documentos, rastreó cientos de miles de dólares en gastos alegados hasta su fuente: el gobierno de Haití. PetroGaz-Haiti tenía una sola fuente de ingresos en ese momento: $12.5 millones del Ministerio de Economía y Finanzas de Haití.

Papel de los Alcaldes y las Empresas Fantasma

Según el informe, la relación de la congresista con PetroGaz-Haiti comenzó a fines de abril de 2022, después de que el alcalde de North Miami Beach, Michael Joseph, organizara una reunión entre Cherfilus-McCormick y el dueño de la compañía. Cuatro días después, PetroGaz-Haiti o su propietario escribieron el primero de una serie de cheques que totalizaron $810,000 a una organización política presidida por Joseph.

• Organización Receptora: Progressive People Inc., con Joseph como presidente y el esposo de la congresista, Corlie McCormick, como vicepresidente.
• Transferencia de Fondos: Progressive People Inc. transfirió $725,000 a una compañía ahora disuelta llamada Truth & Justice Inc., que luego hizo gastos no reportados en la campaña de 2022.
• Gastos No Declarados: Truth & Justice pagó más de $824,000 a proveedores que también brindaron servicios a la campaña, incluyendo más de $150,000 para correo electoral nunca reportado.

Contexto Legal y Respuestas

Cherfilus-McCormick se declaró no culpable la semana pasada de cargos federales anteriores por mal uso de fondos COVID. Respecto a las nuevas acusaciones éticas, que incluyen 27 alegaciones de mala conducta y lavado de dinero, la congresista las ha rechazado categóricamente.

«El informe está siendo deliberadamente tergiversado y mal caracterizado, con una cantidad sustancial de información omitida para fabricar una narrativa particular», dijo Cherfilus-McCormick en un comunicado. «Esto no se trata de rendición de cuentas, es un juego de números y una lucha por el escaño. Los republicanos están armando el proceso ético para robar el escaño».

Está programada para comparecer ante un panel de ética de la Cámara en una audiencia pública el 5 de marzo de 2026, algo raro en este tipo de investigaciones.

Implicaciones y Figuras Involucradas

El informe también vincula a la congresista con el alcalde de North Miami, Alix Desulme, y con el consultor político local Mark Goodrich. Se alega que parte del gasto incluyó $40,000 de PetroGaz-Haiti para un comité de acción política dirigido por Desulme, para una ceremonia de juramentación en enero de 2023.

Michael Joseph, por su parte, defendió a la congresista y declaró: «Ella merece su día en la corte. Creo que está siendo injustamente atacada porque un escaño marca la diferencia para qué partido político controla la Cámara de Representantes de los EE. UU.»

Antecedentes de PetroGaz-Haiti y su Dueño

En los EE. UU., PetroGaz-Haiti S.A. está registrada a nombre del votante del condado de Broward, Frederic Elusma. En Haití, es una sociedad anónima políticamente conectada. Un ex senador haitiano, Rony Célestin, figura entre sus accionistas. Célestin fue sancionado por el gobierno de EE. UU. en 2022 por narcotráfico y ha negado cualquier irregularidad.

Célestin declaró que el pago de $12.5 millones era un adeudo del estado haitiano por la venta de combustible pesado a crédito, y que la compañía aún le debe al gobierno alrededor de $9 millones.

La congresista no ha dado indicios de que planea renunciar al Congreso mientras se dirige a la audiencia ética pública. Ella ha mantenido que «los hechos completos dejarán claro que no hice nada malo».