La ciudad de South Miami busca que un juez determine si su departamento de policía debe colaborar con las autoridades federales en la detención de inmigrantes indocumentados, tras las amenazas del fiscal general estatal, James Uthmeier, a municipios que rechazan el programa 287(g) de ICE.
El alcalde Javier Fernández, demócrata de Miami-Dade, explicó que la decisión de acudir a los tribunales surge después de que Uthmeier advirtiera a Fort Myers sobre posibles sanciones por no adherirse al programa. «No nos interesa el debate político, solo cumplir la ley», afirmó Fernández.
Más de 100 agencias policiales en Florida ya se han unido al programa, incluyendo Coral Gables y Tampa. Sin embargo, South Miami analiza cómo esta colaboración afectaría sus acuerdos laborales y seguros municipales. «Debemos entender cada detalle antes de comprometernos», recalcó el alcalde.
«Operamos en un ambiente donde algunos priorizan puntos políticos. Nosotros solo queremos seguir la ley» — Javier Fernández
La Comisión Municipal pospuso una decisión final hasta consultar con un juez, evitando así posibles represalias estatales, como recortes presupuestarios o suspensiones de cargos públicos ordenadas por el gobernador Ron DeSantis.
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