El Fiscal General de Florida, James Uthmeier, rechazó este martes un llamativo esfuerzo entre algunos de los principales sheriffs del estado para suavizar la aplicación de las leyes de inmigración, diciendo que no apoyaría su plan para instar formalmente al Congreso a reducir la política federal de deportación.
En una conferencia de prensa en Orlando, Uthmeier trazó una línea firme contra una postura emergente de miembros del Consejo de Aplicación de Inmigración del Estado de Florida, que ayer rompieron con el enfoque tradicionalmente duro del estado y pidieron más indulgencia hacia los inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales.
“Yo no escribo la ley, la hago cumplir”, dijo Uthmeier. “Si las personas están aquí ilegalmente, entonces están violando la ley, y vamos a hacerla cumplir.”
Los comentarios pusieron a Uthmeier en desacuerdo con el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, y otros miembros del consejo, quienes sugirieron el lunes que algunos inmigrantes indocumentados —particularmente aquellos que trabajan, crían familias y no tienen historial criminal— deberían poder permanecer en el país bajo ciertas condiciones.
Judd, un aliado desde hace mucho tiempo del gobernador Ron DeSantis y un arquitecto clave de la agresiva postura de Florida sobre inmigración, incluso propuso redactar una carta al presidente Donald Trump y a los líderes del Congreso instando a un enfoque más dirigido de las deportaciones.
Uthmeier dejó claro este martes que no está de acuerdo y dijo que “no apoyaría la carta”.
La respuesta subraya una división aguda e inusual dentro de las filas de aplicación de la ley republicanas de Florida. Durante años, los líderes estatales bajo DeSantis han impulsado una cooperación amplia con las autoridades federales de inmigración, con políticas basadas en la idea de que cualquier inmigrante indocumentado en el país viola la ley y está sujeto a deportación.
Pero varios sheriffs en el consejo estatal argumentaron en una reunión el lunes que el enfoque actual puede ser demasiado amplio, advirtiendo que los esfuerzos de deportación masiva están arrastrando a personas que son miembros contribuyentes de sus comunidades.
Uthmeier, sin embargo, rechazó esa distinción, señalando casos en los que inmigrantes indocumentados cometieron delitos graves y argumentando que las violaciones de inmigración en sí mismas conllevan riesgos para la seguridad pública.
También atribuyó a la agresiva estrategia de aplicación de Florida los avances en seguridad pública, citando tasas de criminalidad decrecientes y una caída significativa en las muertes relacionadas con el fentanilo.
“Somos el estado grande más seguro del país para criar una familia, y vamos a mantenerlo así”, dijo.
El fiscal general también reiteró que los gobiernos locales no tienen discreción para optar por no aplicar las leyes de inmigración, refiriéndose a los recientes acercamientos del estado a ciudades como Tampa. Bajo la ley de Florida, dijo, los funcionarios locales están obligados a usar sus “mejores esfuerzos” para ayudar a las autoridades federales.
“Esto no es opcional”, afirmó Uthmeier. “No vamos a tener jurisdicciones santuario en Florida.”
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