El gobierno de Donald Trump terminó este lunes el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para Honduras y Nicaragua, afectando a más de 53,900 inmigrantes que enfrentarán deportación a partir del 8 de septiembre. Entre ellos se encuentran Virginia Guevara (78 años) y María Elena Hernández (67 años), quienes llevan décadas construyendo sus vidas en EE.UU.
Virginia Guevara, residente en Oakland Park (Broward), llegó desde Honduras en los 90. Su nieto Isaac Dubón teme por su salud: «Es una mujer mayor con hipertensión y diabetes». María Elena Hernández, radicada en Broward, trabajó 18 años como limpiadora universitaria: «He vivido aquí más de 25 años. Ahora me exigen regresar a Nicaragua donde hay tantos problemas».
Una demanda federal en San Francisco acusa al gobierno de ignorar condiciones reales en estos países. Mientras se declaran «seguros» para deportaciones, Nicaragua y Honduras tienen nivel 3 de alerta de viaje («Reconsiderar viaje») por crimen violento y riesgos de detenciones arbitrarias.
«Las decisiones de despojar el estatus legal a personas que siguieron todas las reglas no solo son crueles. También son ilegales»
– Jessica Bansal, abogada de National Day Laborer Organizing Network
Florida alberga más del 40% de los nicaragüenses en EE.UU., con concentraciones significativas en Sweetwater («Pequeña Managua»). La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, calificó la decisión de «desgarradora»: «Han ayudado a fortalecer nuestra economía y enriquecer nuestra sociedad».
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