El caso de Kilmar Abrego García, deportado erróneamente a El Salvador por el gobierno de Donald Trump, ha escalado a un «conflicto constitucional» según demócratas, luego de que la Corte Suprema ordenara a la administración facilitar su regreso.
Demócratas como el senador Chris Van Hollen viajaron a El Salvador para exigir su liberación, mientras republicanos como August Pfluger califican las acciones opositoras como «abandono del deber de proteger a ciudadanos».
El presidente salvadoreño Nayib Bukele, aliado de Trump, mantiene una política de «mano dura» con deportados. Van Hollen advirtió que el Congreso podría bloquear fondos para deportaciones hacia ese país si persiste el conflicto.
«Si los derechos de los no ciudadanos no están seguros, los de los ciudadanos tampoco»: Rep. Jamie Raskin (D-Md.)
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