Casi 200 empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) han advertido que un desastre similar al Huracán Katrina podría estar en el horizonte debido a decisiones tomadas por la administración del presidente Donald Trump.
En una carta dirigida a miembros del Congreso, los empleados expresaron que se han unido para «sonar la alarma» mientras los expertos pronostican una temporada de huracanes activa en el Atlántico durante agosto, septiembre y principios de octubre.
Las preocupaciones incluyen un administrador interino sin experiencia en manejo de emergencias, despidos masivos de personal y políticas implementadas por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que obstaculizan la misión de FEMA de ayudar a los estadounidenses durante desastres naturales.
Los empleados señalaron que la administración Trump ha violado la Ley de Reforma del Manejo de Emergencias Post-Katrina, al tener un administrador interino, David Richardson, sin experiencia en manejo de emergencias. Richardson tiene antecedentes en contramedidas contra armas de destrucción masiva.
Además, la nueva regla que requiere que Kristi Noem apruebe personalmente todas las solicitudes de fondos superiores a $100,000 ha causado retrasos en reembolsos, como se vio en Texas durante inundaciones recientes.
Aproximadamente 2,000 empleados a tiempo completo, un tercio de la fuerza laboral, fueron despedidos o renunciaron después de que Trump asumiera el cargo en enero. Posiciones clave, como el administrador de la Región Cuatro que incluye Florida, permanecen vacantes.
«La misión de FEMA de proporcionar apoyo crítico fue obstaculizada por líderes que no solo cuestionan la existencia de la agencia, sino que priorizan recortes de costos por encima de servir al pueblo estadounidense», escribieron los empleados.
El Huracán Katrina, que azotó la costa del Golfo hace 20 años, causó más de 1,800 fatalidades y $160 mil millones en daños. Los empleados comparan la situación actual, advirtiendo que podría representar «la disolución efectiva de FEMA».
De los 181 empleados que firmaron la carta, solo 35 listaron sus nombres públicamente; los demás permanecieron anónimos debido a una «cultura de miedo y supresión» cultivada por la administración.
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