La prolongada búsqueda del condado de Miami-Dade para construir un nuevo incinerador de basura que genere energía enfrenta una nueva controversia, esta vez centrada en el alto costo de los terrenos privados propuestos, lo que ha llevado a algunos comisionados a sugerir reiniciar la búsqueda desde cero.
El debate se remonta al incendio que destruyó la planta incineradora de Doral en 2023, obligando a su cierre. Inicialmente, se consideró reconstruir en el mismo sitio, propiedad del condado, pero la oposición de la familia Trump – debido a la proximidad con el resort Trump Doral – descartó esa opción.
Posteriormente, la atención se desplazó a la pista de aterrizaje en desuso de Opa-locka West, lo que provocó acusaciones de racismo desde la vecina ciudad de Miramar. Ambas ubicaciones fueron descartadas el año pasado.
Dos consorcios privados presentaron sus propias ubicaciones para la nueva planta, valorada en $2 mil millones y capaz de quemar casi 2 millones de toneladas de basura al año para generar electricidad.
Sin embargo, en una sesión de trabajo este jueves, los comisionados se mostraron consternados por los costos. No solo por el precio de compra – de hasta $78 millones – sino por las tarifas anuales perpetuas de alrededor de $3 millones que exigirían los dueños de los terrenos.
“Es irrespetuoso e insultante para los contribuyentes de este condado que intenten vincular su venta a un royalty a perpetuidad”, afirmó el presidente de la Comisión, Anthony Rodriguez.
La frustración llevó a varios comisionados a plantear la posibilidad de desechar las opciones actuales y buscar nuevamente entre las tierras propiedad del condado para abaratar costos.
“¿Cómo es lo mejor para los contribuyentes comprar una propiedad privada cuando tenemos tierras que poseemos actualmente dentro de nuestro portafolio?”, cuestionó la comisionada Danielle Cohen Higgins.
A pesar de las dudas, el proceso avanza. Los consorcios de FCC y FPL cooperarán para presentar una oferta conjunta. Se espera que la Comisión apruebe legislación el 18 de febrero para que la alcaldesa Daniella Levine Cava negocie un acuerdo preliminar.
Si todo sigue su curso, la construcción comenzaría en 2029 y la planta estaría operativa cinco años después, permitiendo al condado dejar de enviar toda su basura a vertederos. Sin embargo, cualquier nuevo retraso o disputa por la ubicación podría descarrilar este plan.
“Hemos perdido demasiado tiempo”, advirtió el comisionado Roberto González. “Perder más tiempo le costará más dinero a los contribuyentes”.
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