El reciente veto del presidente Javier Milei a la ley de aumento de jubilaciones se enmarca en una práctica recurrente en Argentina. Desde el regreso de la democracia, cinco mandatarios han utilizado esta herramienta constitucional para frenar iniciativas previsionales aprobadas por el Congreso.
Según un informe de Chequeado, los presidentes Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Javier Milei coincidieron en su justificación: inviabilidad fiscal y falta de fondos para financiar los proyectos.
Vetó la incorporación de ex empleados públicos al régimen general alegando costo fiscal insostenible.
Rechazó un régimen especial para docentes transferidos por superposición de normativas.
Vetó la ley del 82% móvil argumentando riesgo de «quiebra del Sistema Previsional y del Estado».
Vetó parcialmente beneficios para veteranos de Malvinas para no «desnaturalizar el sistema contributivo».
Vetó dos reformas que complementaban la movilidad por inflación, sosteniendo que omitían el «impacto fiscal y fuentes de financiamiento», continuando así el patrón histórico.
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